México.- El próximo 29 de julio al inicio del periodo extraordinario en la Cámara de Senadores, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud Mental; sin embargo, dicha propuesta ha sido criticada por organizaciones sociales y activistas porque consideran que es discriminatoria y viola los derechos humanos de las personas usuarias de salud mental.

De manera discrecional, la iniciativa identificada en redes sociales como #LeyBañuelos, fue aprobada en las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos el 24 de marzo pasado y fue hasta ahora que las organizaciones civiles se enteraron y comenzaron a exigir su avance a una eventual aprobación.

Entre otras consideraciones, organizaciones como Documenta señalan que la propuesta de reforma viola los derechos de personas con discapacidad, consumidoras de estupefacientes y otras personas usuarias de servicios de salud mental porque:

• Legaliza internamientos involuntarios
• Permite tratamientos forzosos
• Ve a las personas como enfermos
• No reconoce capacidad jurídica individual
• Justifica el internamiento de personas consideradas como peligrosas

Pese a ello, el 17 de julio la Junta de Coordinación Política incluyó la propuesta en el periodo extraordinario y aprobó llevarla al Pleno y aunque la senadora Bañuelos ha asegurado que tomó en cuenta la posición de colectivos y organizaciones, éstos niegan que sus exigencias se incluyeron.

Otras violaciones a los derechos humanos con la #LeyBañuelos

En entrevista con SDPnoticias, Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de Tortura de la organización Documenta, explicó que demás de la anulación a la capacidad jurídica de las personas, con la propuesta de reforma de ley anterior se viola la libertad personal, lo que puede derivar internamientos forzados sin tomar en cuenta la opinión de los usuarios.

También en riesgo estaría la integridad personal porque se podría obligar a las personas a someter a tratamientos con efectos en su salud física y mental, mismos que han sido definidos por la ONU como acciones equiparables a tortura y malos tratos. Así como que la Ley Bañuelos mantiene un lenguaje discriminatorio y enfoque médico-farmacológico.

Ferrer destacó que en México no hay voluntad de transitar a un modelo de atención comunitaria y dejar de lado este tipo de propuestas que continúan sólo con opciones privación de la libertad; al contrario, se necesita replantar con un enfoque garantista y de derechos humanos que no restrinja a las personas usuarias de salud mental.

Por lo anterior, desde Documenta y otras organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres, la primera exigencia de que no se apruebe dicho dictamen y las propuestas esten dirigidas a aumentar el gasto públicos en cuanto a los servicios de salud mental y que se toman en cuenta las propuesta civiles, así como las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

Actualmente, de todo el Presupuesto sólo 2% está destinado a servicios de salud mental, del cual 80% es en materia de atención hospitalaria, lo que deja sin mantenimiento la atención comunitaria y de acuerdo con Salvador Ferrer, las instalaciones están tan deterioradas como para atender a esta población.