Ciudad de México.- Ante el pleno del Senado de la República, el senador del Movimiento Ciudadano del partido Convergencia, Francisco García Lizardi demandó esclarecer la responsabilidad del ex presidente Ernesto Zedillo en la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
De acuerdo con una nota de el Diario La Razón, destaca que dicha sollicitud fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y posible aprobación.
El legislador pidió al Senado que intervenga para que la cancillería mexicana remita un informe detallado y actualizado sobre el avance que guarda el proceso iniciado por particulares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2011, en contra del ex presidente priista.
En su discurso García Lizardí, argumentó que “el crimen de Acteal será por siempre el martirio histórico de Zedillo, esté donde esté”, pues “a casi 15 años de los hechos persista la impunidad del entonces mandatario federal, quien con sus acciones y omisiones propició que 45 indígenas tzotziles fueran brutal y cobardemente masacrados por un grupo paramilitar del estado de Chiapas”.
Cabe recordar que en 2005 activistas de derechos humanos solicitaron un juicio contra el ex presidente mexicano, Ernesto Zedillo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que se le fincara responsabilidad por haber implementado una política de contrainsurgencia en perjuicio de indígenas chiapanecos.
Además en septiembre de 2011, familiares de las víctimas demandaron en Estados Unidos al ex presidente Zedillo por su presunta responsabilidad en la matanza, al tiempo que exigieron compensación por diversos delitos.
Cabe mencionar que el pasado 10 de febrero, Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),aseguró que el gobierno de México brindará toda la asistencia que requiera el ex presidente Ernesto Zedillo, ante la denuncia presentada en su contra por el caso de la masacre de Acteal, como ocurre con todos los connacionales, a fin de garantizar que son sujetos a un proceso apegado a derecho ante acusaciones que enfrentan en el extranjero.
Con información de La Razón.
