México.- El Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparos del Estado de México admitió el trámite de amparo solicitado por Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación de la PGR, por una orden de aprehensión en su contra por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Con este documento, el exfuncionario señalado por tortura e irregularidades en el caso Ayotzinapa, pretende conocer el desarrollo de las audiencias en las que se otorgó la orden de aprehensión y las pruebas en su contra, por lo que el amparo es contra la decisión del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero.
Al admitir el amparo, el Juez solicitó que, en el caso de ser cierta la orden de aprehensión que sería dentro nuevo sistema de justicia penal, “debe ser emitida oralmente y deberá constar por escrito, al rendir su informe justificado, remita copia del audio y video de dichas audiencias y copia certificada de lo que se haya asentado por escrito de las mismas”.
Además, el juzgador solicitó un informe cronológico del desarrollo de las audiencias y fijó para la realización de la audiencia constitucional, donde determinará si analizará o no la solicitud de amparo, el próximo 17 de julio a las 11:00 horas.
{username} (@EduardomteleSUR) June 23, 2020
El pasado 18 de marzo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado por presunta tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la información de la propia Interpol, el exfuncionario de ser encontrado culpable podría alcanzar “una pena máxima aplicable de 60 años de privación de libertad”.
Hace unos días se informó que Tomás Zerón había tramitado una denuncia de amparo contra la orden de detención su contra que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) por la desaparición de los 43 normalistas desde el 10 de marzo pasado.
La acusación también va por alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas, señalamientos que surgieron después de lo ocurrido en Río San Juan de Cocula, Guerrero, cuando se llevó ilegalmente y sin la compañía de su abogado a Agustín García Reyes, uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas.
Por este motivo, fuentes ministeriales aseguraron que existen pruebas suficientes para confirmar que Tomás Zerón de Lucio y su equipo de AIC fabricaron el informe de “la verdad histórica” acerca de la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.