El servicio de radiodifusión internacional de Alemania, Deutsche Welle, presenta un balance titulado La reforma energética: ¿sueño o pesadilla para México? en el que analiza este complejo tema que enfrentaremos los mexicanos.
El texto señala dos momentos clave después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en 1938: el levantamiento de la prohibición para celebrar contratos de explotación con privados de 1958 y la reforma de 1983 que permitió la creación de empresas y organismos para el manejo de áreas estratégicas.
Con la nueva y profunda modificación (y ya lo hemos escuchado hasta el cansancio), el gobierno de Enrique Peña Nieto espera un incremento de los ingresos fiscales que se destinarían a fortalecer el sistema de seguridad social para combatir la pobreza extrema, mejorar el sistema educativo, impulsar el desarrollo tecnológico e invertir en infraestructura. Además, ha prometido que los precios del combustible y la energía eléctrica se liberarán gradualmente “hasta ser regidos completamente por la ley de la oferta y la demanda, al igual que sucede en países como Alemania”, destaca la DW.
Sin embargo, el análisis menciona los dos principales problemas planteados por activistas y detractores de la apertura: el fracking y las reservas de petróleo.
“Organizaciones ecologistas han cuestionado otros aspectos relacionados con la reforma energética. Uno es el procedimiento de explotación conocido como ‘fracking’, que implica la extracción de aceite y gas (…) En dicha extracción se utiliza un mineral llamado lutita, que según Greenpeace es ‘un recurso no renovable, sucio y que contribuye al calentamiento global’”.
Sobre las reservas de petróleo el documento pone en duda los dichos de la iniciativa de que México cuenta con reservas probadas para 10 años de producción. “Y aunque el documento afirma que hay ‘margen de tiempo suficiente para confirmar la existencia de reservas y recursos prospectivos de nuevos yacimientos’, no da evidencia concreta sobre alguno en específico”.
Por otro lado, señala irónicamente las capacidades que tendrán los siete mecanismos de transparencia que la legislación secundaria en materia energética crea: el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medios Ambiente.
“Los contratos adjudicados, se dice, contarán con cláusulas de transparencia ‘para que los pueda consultar cualquier interesado’”, retoma.
Finalmente DW en español concluye que la reforma energética “cambiará profundamente el panorama económico y social de México” pues podría reactivar la economía pero “la bonanza petrolera y energética, si es que se produce, también puede profundizar la desigualdad social y la corrupción. La crisis de los años ochenta así lo demuestra”, concluye.