Entre 2013 y 2018, diputados federales desviaron 506 millones 500 mil pesos a través de 130 empresas fantasma, de acuerdo a El País.
Los servicios y productos que los diputados contrataron a tales empresas van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias, según una base de datos del SAT.
En ese mismo sentido, los diputados federales también destinaron a las empresas fantasma parte del presupuesto recibido para programas sociales, específicamente, para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos, de acuerdo con la publicación del medio.
Posteriormente, dichas empresas fantasma fueron identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haber simulado sus operaciones.
No obstante, en los comprobantes fiscales no hay registro de qué legislador o instancia administrativa realizó la compra.
Aacors Solucion, la empresa fantasma que recibió más dinero por parte de los diputados
Aacors Solucion, una empresa constituida en Villahermosa, Tabasco en 2015, fue a la que más recursos se le destinó con más 283 millones de pesos por concepto de compra de artículos de papelería como cartuchos para impresoras, sobres y clips.
Una auditoría realizada en 2017 verificó que la empresa no aparecía en el listado oficial de contratistas ni tampoco se encontró los procedimientos de compra en el portal de transparencia.
En un informe dado a conocer en junio de 2019 el SAT acusó que el uso de empresas fantasma aumentó exponencialmente en el sexenio anterior con la complicidad de servidores públicos.
Entre 2014 y mediados de 2019 la autoridad tributaria había identificado 8 mil 204 empresas que facturaron operaciones simuladas y que habrían evadido el pago de 354 mil 512 millones de pesos.
Con esto queda en evidencia que el desvío de recursos con empresas fantasma no se limitó a las instancias del poder ejecutivo y los gobiernos estatales, sino que el miembros del Congreso de la Unión incurrieron también en esta práctica.
El País asegura que entre la 62 y 63 legislatura facturaron 1 mil 993 comprobantes fiscales para amparar la adquisición de diversos bienes y servicios, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad fiscal vía transparencia.
Las 130 empresas fantasma que los diputados federales utilizaron fueron catalogadas como empresas que facturan operaciones inexistentes (EFOS) luego de que se comprobó que no cuentan con el personal, la infraestructura, los activos ni la capacidad para prestar los servicios o producir los bienes vendidos.
A pesar de que los nombres de estas empresas fantasma fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el SAT no puede considerar que el 100% de sus operaciones no hayan existido, puesto que pudieron haber simulado solo una parte de ellas.