Al conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas, organizaciones sociales advirtieron que tanto el Estado mexicano, como Estados Unidos y los gobiernos de los países de Centroamérica son responsables de fomentar una política de ?persecución y exterminio? contra los indocumentados, pues no han evitado violaciones generalizadas a los derechos humanos de los migrantes.
Las organizaciones, agrupadas en el Tribunal Permanente de los Pueblos, indicaron que estos actos y omisiones constituyen un contexto de terror y criminalidad estatal que a su vez configuran una política de persecución y exterminio contra los migrantes en tránsito por nuestro país.
Las agrupaciones y personalidades, reunidas en el órgano de conciencia más antiguo y más generalmente reconocido y respetado en el mundo, sentenciaron que estos delitos son el resultado de la subordinación de las autoridades mexicanas a los intereses de seguridad impuestos por Estados Unidos.
Estas políticas, apuntaron necesariamente implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes o su posible mercantilización.