Madrid.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 30 años de prisión  a Ioan Clamparu, alias 'Cabeza de Cerdo', tras habersele comprobado uno de los mayores capos de trata de blancas en Europa al haber introducido de forma ilegal en España a más de 600 mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución.

 

La condena es considerada la pena máxima que solicitaba el ministerio público, luego de al considerar al presunto capo de la prostitución rumana en Europa culpable de cuatro delitos de determinación a la prostitución, por obligar a una menor a prostituirse, y por ser el autor de un delito de aborto.

 

Clamparu montó una muy rentable red de prostitución en Madrid con centenares de jóvenes, muchas de ellas rumanas y menores de edad, a las que prometía trabajo en España en el sector de la hostelería o como empleadas domésticas. Sin embargo cuando eran trasladadas al país ibérico, Clamparu exigía a las mujeres que se prostituyeran para poder pagar la deuda contraída con la organización.

 

La mayoría de ellas no sabían que iban a trabajar en las calles y, en el caso de que lo supieran desconocían que iban a ejercer la prostitución en un régimen prácticamente de esclavitud, señalan fuentes policiales.

 

La carrera delictiva de Clamparu, uno de los traficantes de personas más temidos y poderosos de Europa, terminó de forma sorpresiva en septiembre de 2011 cuando se entregó a la Policía española cansado de la persecución policial y la vida clandestina que llevaba desde 2004, tras ser incluido en la lista de criminales más buscados por Interpol.

 

De acuerdo con el reporte del portal de noticias El País, detalla que pese a que la corte determino la pena de 30 años, Clamparu solo cumplirá 20, según determina la legislación vigente. Sin embargo, tendrá que indemnizar a las tres testigos protegidas que son mayores de edad con 12.020 euros, mientras que a la menor de edad deberá compensarla con 30.506, pese a que durante el juicio ella renunció a esta indemnización, que solicitó en su nombre la representante de la fiscalía.

 

De esta forma, los magistrados dan por bueno el relato de la fiscalía en el que se destacaba que en 2000, un año antes de que España facilitara la entrada de ciudadanos rumanos con visado de turista, Clamparu y los integrantes de su banda consiguieron que un número indeterminado de mujeres de esa nacionalidad viajasen hasta España. Tras convencer a algunas de que se les proporcionaría un trabajo en la hostelería o en el servicio doméstico, y concertar con otras que trabajarían en la prostitución.

 

Una vez que llegaban a España, según la sentencia, les decían que habían contraído una importante deuda con la organización y que debían trabajar ejerciendo la prostitución y entregar la totalidad del dinero recibido hasta saldarla. Para doblegar su voluntad y obligarlas a desarrollar la prostitución "se valían de amenazas y agresiones físicas, les retiraban su documentación personal proporcionándoles otra falsa, las mantenía hospedadas en pisos donde eran controladas continuamente para evitar su fuga y vigilaban estrechamente sus movimientos".

 

Ioan Clamparu, según el tribunal, dirigía al resto de miembros de la banda, así como a las otras personas no identificadas, distribuyendo las mujeres entre ellos a fin de que las controlasen y recaudasen sus ingresos: "Les indicaba los lugares donde debían ejercer la prostitución, y se reunía periódicamente con ellos para gestionar el trabajo de las mujeres y que le rindieran cuentas sobre lo recaudado".

 

 

Con información de agencias y El Norte.