México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso donde 49 niños y niñas murieron a causa del incendio ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009; por lo que analizará los hechos para determinar violaciones a derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano.

A través de un comunicado, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informaron que con esta decisión, las familias buscan que la CIDH haga recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición para las víctimas.

Es en esta etapa donde la Comisión decide si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos en el caso analizado, pue detalló que luego de 11 años del incendio, México no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos funcionarios públicos.

“De ser probado el incumplimiento del deber estatal para el servicio educativo de cuidado infantil habría generado el incendio [...] así como la presunta falta de una investigación diligente que esclarezca lo sucedido y sancione a los responsables, podrían caracterizar violaciones a los artículos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño, y protección judicial de la Convención Americana”.

CIDH

Esta admisión en la Comisión sucede luego de que en octubre de 2014 se presentó el caso ante este organismo. El Movimiento destacó que durante más de 11 años, las familias de los niños y las niñas han emprendido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición de hechos tan dolorosos.

Y recordaron que incendio en la Guardería ABC no fue un siniestro imprevisible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, “pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias”.

Esto se suma a la exigencia de las familias por una investigación diligente que sancione a los responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares. Cabe destacar que este litigio es un proceso para impulsar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez, y que su cuidado no sea un negocio subrogable, sino una obligación del Estado.