México.- Organizaciones internacionales y civiles celebraron la aprobación en el Senado de la República de la Ley de Amnistía para liberar a población vulnerable que no haya cometido delitos graves de los centros de reclusión del país y también como una medida para prevenir contagios de coronavirus Covid-19.

En este sentido, las oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludaron la aprobación como una manera de enfrentar la pandemia en el ámbito penitenciario y también para avanzar en la transformación del sistema de impartición de justicia en el país.

Recordaron que dicha ley es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres y personas indígenas.

¿Qué hacer con la Ley de Amnistía en contingencia por Covid-19?

La Ley de Amnistía se aprobó con premura para mitigar los efectos de la pandemia actual, y es por ello que ambas oficinas de la ONU hicieron un llamado para la rápida aplicación de la misma y acelerar la revisión de casos que pueden ser beneficiarios de este instrumento.

Sin embargo, advirtieron que una lee como la aprobada este 20 de abril, puede ser una medida insuficiente si no es acompañada de acciones en apoyo a la reinserción y cambios en las políticas que eviten, entre otras cosas, la criminalización de la pobreza.

Por su parte, la organización civil EQUIS Justicia para las Mujeres también celebró la aprobación y dijo que uno de los primeros pasos para continuar con su aplicación es que se informe al interior de los centro penitenciarios sobre la Ley y junto a las áreas jurídicas, comenzar la valoración de los perfiles de las personas privadas de su libertad que pueden ser candidatos a la amnistía.

También el Estado debe facilitar defensores que asesoren a las familias en el trámite de las amnistías y se debe garantizar un mecanismo para la reinserción social de las personas que sean beneficiadas. Cifras de EQUIS revelan que unas 600 mujeres privadas de su libertad por delitos contra la salud podrían beneficiarse y unos 4 mil hombres podrían salir.