México.- Importar pruebas rápidas Covid-19 para la protección de los cuerpos policiacos y del sistema penitenciario fue uno de los acuerdos a los que llegaron los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública, quienes sostuvieron una reunión virtual con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública está integrado por Jorge Contreras Fornelli Presidente de FICOSEC Zona Norte; Saskia Niño de Rivera Presidenta de Reinserta A.C.; Alejandro Martí García, Presidente de México S.O.S.; Juan Manuel Hernández Niebla Presidente de la Comisión de Seguridad de Coparmex Nacional y Marcos Fastlicht Sakler del Grupo K.
En la reunión virtual participaron los consejeros suplentes James Tobin Cunningham, coordinador General de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres y Jacqueline García Vázquez, presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Empresarial CONCAEM.
Los convocados abordaron temas como el de los presupuestos en seguridad pública, así como el del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el del Sistema Penitenciario y Ley de Amnistía y el del Decreto del uso de la Fuerza.
Al final de la reunión, lograron el compromiso para importar pruebas rápidas de Covid-19 para la protección de los elementos de los cuerpos policiacos y del sistema penitenciario.
El secretario de Seguridad instruyó al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, a realizar las gestiones correspondientes con los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud así como de la Administración General de Aduanas para efectuar la importación de las pruebas.
Como segundo acuerdo quedaron en que se compartirá toda la información con los consejeros, referente a los presupuestos de los fondos federales para la seguridad y se refrendó el compromiso para ejercer el gasto con orden, transparencia, eficiencia, eficacia y sin corrupción.
Además, Durazo Montaño afirmó que estudiará la propuesta de reformar el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para especificar que uno de los tres identificadores biométricos requeridos en el inciso B de la fracción I, deberá ser la voz de las personas privadas de libertad.
También acordaron crear dos lugares en la conferencia nacional del sistema penitenciario para poder tener voz en estos espacios.
Otro compromiso inmediato es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, compartirá información sobre la compra de chalecos antibalas, y con esto comenzará la auditoría social que se busca tener sobre los Recursos Federales.
Asimismo, se hizo el compromiso de destinar el 20 por ciento de los fondos de Municipios y Estados para ser utilizados en la pandemia del Covid-19.
También impulsarán el uso de recursos de los fondos federales para que los municipios adopten el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Otro acuerdo es sostener una reunión con los y las consejeras de forma mensual para dar seguimiento a la agenda que se está impulsando.