México.- Alberto Elías Beltrán está bajo la mira de las autoridades federales. Él fue el último encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado.

De acuerdo con Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra el exfuncionario por lavado de dinero, que iniciaría en 2016 hasta ahora.

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La Fiscalía General de la República (FGR) no solamente sigue de cerca una serie de movimientos bancarios de Elías Beltrán, sino también de su esposa Marcela “N”, así como al menos dos razones sociales.

Calla Elías Beltrán

Abel Barajas destaca en su nota que intentó contactar a Elías Beltrán para saber sobre su posición, pero no quiso hacer alguna declaración al respecto.

El exfuncionario es cercano a Humberto Castillejos, quien fue titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como con Alberto Bazbaz, ex titular de la UIF.

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Castillejos impulsó la llegada de Elías Beltrán a la PGR, luego de que renunció Raúl Cervantes, quien aspiraba a la Fiscalía General de la República.

Reforma hacer notar que el hoy titular de la UIF, Santiago Nieto, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en octubre de 2017 fue removido precisamente por el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías. 


Investigación por actos de corrupción

De acuerdo con  la Secretaría de la Función Pública, en los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se abrieron 23 carpetas de investigación por actos de corrupción en la Administración Pública Federal y se abrieron 121 audiencias por irregularidades en contrataciones públicas.

La dependencia informó que los ciudadanos han presentado 10 mil 581 denuncias por irregularidades en el servicio públicos y otras 903 por opacidad en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Función Pública dijo que se abrieron más casos relacionados con la Estafa Maestra y avanza en la integración de las denuncias de probables delitos sujetos a responsabilidades administrativas y penales por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.