México.- Abogados y acompañantes en materia de desaparición pidieron al Congreso de Veracruz llevar a cabo mesas para la discusión técnica de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares para Veracruz, entre familias, especialistas y legisladores locales.

Jorge Verástegui Gonzalez, fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL), exhortó a los diputados y diputadas a imitar el proceso nacional de legislación de una ley en la materia y abrir espacios para mesas técnicas de trabajo. 

En el marco del Panel de Especialistas en Materia de Desaparición Forzada y Desapariciones cometidas por Particulares, llevado en Xalapa, Rocío Maldonado de la Fuente, asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, subrayó que el proceso debe incluir a los seres queridos de las personas desaparecidas.

Manifestó que la discusión tiene que efectuarse "de la mano de las familias, escuchar lo que las familias necesitan, los expertos, y esto es lo que va a garantizar que sea un proceso sólido".

César Contreras León, colaborador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mencionó que el proceso en Veracruz es una oportunidad para definir los detalles que no pudieron incluirse en la ley nacional. Añadió que "estamos abriendo camino, no se ha hecho en ninguna parte del mundo, una ley por mejor que sea va a tener que ser evaluada a la luz de los resultados que brinde".

Los especialistas también señalaron como deficiente el decreto que fue emitido por el Ejecutivo estatal el cuatro de mayo, que crea la Comisión Local de Búsqueda. Criticaron que se publicó sin la intervención de las familias. 

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Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, expresó al respecto que el comisionado no tiene facultades para operar sin autorización previa. Carece de autonomía por lo que está "bastante devaluadito" en comparación con el comisionado nacional, Roberto Cabrera.

En Veracruz a la fecha hay dos iniciativas de ley propuestas en la materia, creadas sin respetar el principio de "Participación conjunta" que establece la ley nacional y que manda la intervención de las familias de personas desaparecidas.