México.- José Refugio Alejandro León Flores, conocido en Puebla como “el juez que no debió serlo”, ganó un amparo que le permitirá ser restituido como juez Penal en Cholula, pese a que por más de 30 años ejerció con título y cédula profesionales falsificados.

De acuerdo con el portal Lado B, la jueza Cuarta de Distrito Blanca Alicia Lugo Pérez emitió una polémica resolución donde se ordena revertir la decisión del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla, en la que se había separado a León Flores tras descubrirse que usó documentos apócrifos por décadas.

El amparo, publicada este 17 de noviembre, también ordena a la Fiscalía General del Estado (FGE) detener todas las investigaciones que pesen en contra del juez penal, bajo el argumento de que primero debe revisarse si el delito de falsificación de documentos oficiales ha prescrito.

Con esto, la jueza solicita al Consejo de la Judicatura analizar de nuevo todo el caso, tomando en cuenta la posible prescripción del delito para emitir una nueva resolución.

En tanto no haya un nuevo fallo, “el juez que no debió serlo” estaría en posibilidad de retomar sus funciones en Cholula y además deberá recibir el salario que no recibió durante el tiempo que fue separado de su cargo.

'El juez que no debió serlo' gana amparo para regresar a su cargo

Según la investigación del portal, José Refugio Alejandro León Flores estudió la carrera de Leyes entre 1977 y 1982 en la Universidad Autónoma de Puebla (hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) y presentó un examen profesional en diciembre de 1987, pero nunca logró si titulación.

Sin embargo, comenzó su carrera profesional en el Tribunal Superior de Justicia del estado y en 1989 presentó un examen de conocimientos para obtener la plaza de juez, obteniendo “las mejores calificaciones” y el puesto.

Al momento de cumplir con los trámites de ley para ocupar su cargo, entregó cédula profesional y título falsificados, y por décadas ejerció sin realmente haberse titulado.

En su larga carrera como juez, giró órdenes de aprehensión contra disidentes del gobierno de Puebla, entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, actos considerados por otros jueces del estado como persecución política, y órdenes que fueron fácilmente echadas abajo con amparos debido a notorias inconsistencias.