México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos a la Procuraduría General de la República a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas.

Las violaciones se atribuyen a servidores públicos responsables de la procuración de justicia en el ámbito federal y local durante la investigación de los homicidios de 49 personas encontradas en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

En la Recomendación 8VG/2017 la CNDH acredita que agentes del Ministerio Público de la Federación y locales no realizaron diligencias para implementar líneas de investigación que se orienten a la participación de probables responsables de los hechos, no se realizaron indagatorias para buscar y localizar a posibles testigos ni solicitar pruebas periciales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó el lugar donde se encontraron a las 49 personas, además de practicar de manera deficiente las necropsias, a ello se suman las omisiones para verificar de manera oportuna la nacionalidad de origen de dos nicaragüenses.

La CNDH solicitó a la pGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los familiares de los fallecidos que no han sido inscritos para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, además de elaborar en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un peritaje para evaluar a cada familiar afectado con objeto de reparar el daño.

Al gobernador de Nuevo León se le pidió  declinar la competencia en la averiguación previa a favor de la PGR, ofrecer una disculpa pública a familiares de las víctimas y publicar en dos medios de comunicación nacionales, levantar un memorial por los migrantes desaparecidos, así como apoyar a la CNDH en la denuncia que presente antela procuraduría estatal para ndagar a servidores públicos que intervinieron en los hechos.

Al gobernador de Tamaulipas le solicitó que colabore en la denuncia ante la CNDH para presentarla ante la procuraduría local y la Coordinación de Asuntos Internos, pero a ambos, se le pide instruir al titular de las secretarías de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Seguridad para diagnosticar las rutas de tránsito de migración en México.

Con información de La Jornada