Organizaciones internacionales del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México resaltan la importancia de resolver el caso de Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa quien fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2002.
En los próximos días una Jueza Federal en México podría emitir la sentencia en el juicio penal en contra de dos soldados acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo Cantú.
Valentina tenía 17 años cuando en la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, de la región de la Montaña en el estado de Guerrero fue víctima por parte de los elementos.
Las organizaciones resaltan que el Poder Judicial de la Federación tiene una oportunidad histórica e irrepetible de enviar un mensaje contundente de que ni los soldados ni los marinos están por encima de la ley y del Estado de derecho, y que deben rendir cuentas cuando cometan abusos y delitos contra civiles.
El caso es paradigmático debido a que se trata del primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército que será juzgado en el fuero civil ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.
Esto se ajustaría a la jurisprudencia y fallo de la Corte IDH, así como a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de acuerdo a la definición de tortura prevista en el artículo 24 de la ley.
El observatorio resalta la importancia debido al debate en México sobre la militarización de la seguridad pública, intensificado a partir de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en noviembre de 2017.
“El caso de Valentina es un recordatorio sobre las consecuencias en la realidad de políticas y legislación que por acción u omisión, permiten que actos de las fuerzas armadas mexicanas no estén sujetos a mecanismos de control y rendición de cuentas civiles.