El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan así como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) agilice la investigación por la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar perpetrada por un policía federal en el municipio de Tlapa, Guerrero.

La petición solicita a autoridades del Estado que garanticen seguridad a los familiares de Antonio quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas vertidas por grupos de choque que hace tres años participaron en la agresión a miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG)  y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

A tres años del hecho, denuncian que la PGR en lugar de investigar el delito ha criminalizado a habitantes de la colonia El Tepeyac (donde sucedieron los hechos), por haber retenido a los policías  federales en el lugar.

“Lo inadmisible es que Antonio Vivar formaba parte de los acusados y no como la principal  víctima de esta acción letal. La misma PGR se ha mostrado reticente para agilizar las investigaciones sobre el policía federal que disparó su arma contra Antonio”, aseguran.

Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el dirigente del pueblo na savi, Antonio Vivar Díaz se encontraba cerca de la capilla apoyando a las madres de familia que resguardaban a los policías  en la colonia El Tepeyac, cuando fue ejecutado por un policía dentro de la capilla, de acuerdo a los testimonios.