Profepa suspende obras de un desarrollo inmobiliario en Lerma, Edomex
La Profepa constató el daño a 2.3 hectáreas de bosque, debido a la construcción ilegal de cuatro terrazas para cabañas, un campo de futbol, un almacén de materiales, una cisterna y una ampliación
Lerma, Estado de México.- Debido a que no contaban con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó suspender, de manera total y temporal, el Programa de Manejo Forestal, así como obras no autorizadas en un predio particular ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México.
De acuerdo con información que emitió dicha dependencia, la zona denominada ?Santa María Atarasquillo? no contaba con la mencionada autorización, que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Profepa realizó una serie de visitas de inspección en coordinación con la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), entre el 22 y 24 de abril pasados, en las que constató el daño a 2.3 hectáreas de bosque, debido a la construcción ilegal de cuatro terrazas para cabañas, un campo de futbol, un almacén de materiales, una cisterna y una ampliación de camino con cunetas de cemento.
La dependencia detalló que las edificaciones hechas en el predio reflejan la intención de establecer un desarrollo inmobiliario dentro del bosque, lo que desequilibraría el ecosistema causando fuertes impactos a la filtración y escurrimiento de agua.
Además explicó que este incidente cobra vital importancia si se tiene presente que se trata de una zona considerada de recarga del vital líquido, misma que abastece al Valle de Toluca y poblados cercanos.
Los impactos negativos de dicho desarrollo también causarían afectaciones a la compactación del suelo, daño de flora y el desplazamiento de la fauna, por lo que la Profepa dictará, en los próximos días, medidas de urgente aplicación para la restauración de la zona.
Además de la clausura de dichas obras, la Profepa también podría imponer una sanción administrativa por esta actividad, la cual puede alcanzar hasta 20 mil días de salario mínimo vigente, equivalente a 1.4 millones de pesos, aunado a una sanción penal que podría ser de seis meses a nueve años de prisión y por el equivalente de 100 a tres mil días multa.
Con información de La Razón.