México.- La comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, emitió un boletín donde reitera que el Decreto Expropiatorio que firmó el presidente Enrique Peña Nieto, pretende legalizar el despojo de un territorio indígena y neutralizar la defensa jurídica y social que se ha venido realizando desde hace 8 años.

Añadieron que no hay motivos de celebración en el denominado Día Mundial de los Pueblos Indígenas, debido a que en estos días la situación se agravó más y el estado emplea a las comunidades indígenas "como mercadotecnia mediática para justificar las violaciones sistemáticas y generalizadas" a los derechos humanos, por lo cual puntualizan que únicamente se trata de "palabras adornadas para relucir su mediatismo".

De acuerdo con la comunidad, la expropiación del Bosque Sagrado Otomí Mexica "Santuario del Agua", emplea la criminalización, el hostigamiento y la difamación para desvirtuar la resistencia ciudadana que se opone al proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan.

Adicionalmente, la comunidad solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde pide detener los trabajos relacionados con el proyecto carretero, el retiro de la maquinaria, así como el personal de la empresa, el personal del gobierno mexiquense y los diferentes cuerpos policiacos que acompañan a la empresa para realizar sus trabajos de manera ilegal, añade.

Las medidas se prolongarán hasta que no exista una recomendación apegada a derecho, pues la CNDH únicamente solicitó a la policía garantizar la integridad de los habitantes de la comunidad, por lo cual exigirán un análisis exhaustivo de la documentación y las pruebas presentadas para emitir una recomendación que cancele de forma definitiva y con carácter urgente el proyecto carretero.

También denuncian la falta de equidad e imparcialidad de los Tribunales Federales en Materia de Amparo, por complicidad de la misma parcialidad y falta de objetividad en los procesos, como los amparos 970/2014 y 771/2015, así como a la Procuraduría General de la Republica por no atender las demandas de despojo ambiental por tala indiscriminada y denuncia penal por diferentes violaciones cometidas contra la comunidad que se integraron en diciembre de 2014 y sobre las cuales a la fecha no ha habido respuesta alguna.

El comunicado está firmado por el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra asentado en el municipio de Lerma, Estado de México.