La Paz, BCS. Arturo Rubio Ruíz, integrante de la defensa del activista y abogado John Moreno y de Joella Corado, informó que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de su cliente el juicio de amparo 714/2017 con el que se otorgan los beneficios del 5to transitorio al Código Penal para reconocer el derecho de gozar de libertad caucional la averiguación en curso.

“Nada cambia el hecho de que ya se determinó por un juez federal que se violaron derechos fundamentales de John Moreno y Joella Corado”, puntualizó el litigante.

Las autoridades responsables de la posible violación son el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Pena en La Paz y la Dirección del Centro de Reinserción Social, a quienes se les reclama la falta de otorgamiento y aplicación de los beneficios del artículo 19 Constitucional, con relación a la falta de otorgamiento de la libertad bajo caución.

Además, de que las autoridades judiciales no otorgaron acceso a nueva codificación penal impulsada dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual, entró en vigor primeramente en la república mexicana.

“No puede criminalizarse la protesta social. Asombra el descaro del grupo en el poder que públicamente anuncia el uso de la fuerza persecutora en contra de quienes cuestionamos su deficiente desempeño. Duele el silencio de las agrupaciones sociales ante el abuso de poder. Indigna el disimulo de un Congreso estatal sumiso y complaciente”, declaró.

Debemos recordar que Rubio Ruíz señaló una serie de irregularidades dentro del caso que fraguó contra John Moreno como la falsificación de documentación, hecho que corroboraron con un perito experto en la materia.

Por ahora, el juez federal dio el amparo para que se reconozcan los derechos fundamentales del acusado, quien ayudó a la resistencia de pescadores contra el megadesarrollo turístico-inmobiliario Tres Santos, empresa que un principio acusó de despojo a John cuando el Gobierno de BCS utilizó granaderos para acabar con una protesta social de los pescadores de Punta Lobos.

Sin embargo, Rubio Ruíz aceptó que contra la resolución pudiera existir un recurso de revisión, con lo que podría tomar en 6 a 8 semanas de revisión.