México. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por World Justice Project, arrojó que Baja California Sur es la penúltima entidad con el promedio más bajo, conforme a la metodología aplicada para el estudio.

En realidad, los 32 estados salieron con promedio bajo, si tomamos en cuenta que se consideró que “0” era el promedió muy bajo y “1” es la calificación con más cercanía con el Estado de Derecho.

Los expertos evaluaron a BCS conforme a 8 factores: límites al poder gubernamental (promedio: 0.31);  ausencia de corrupción (0.32); gobierno abierto (0.35); derechos fundamentales (0.48); orden y seguridad (0.29); cumplimiento regulatorio (0.35); justicia civil (0.34) y justicia penal (0.37).

“El Índice utiliza más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada a población general a 25,600 personas, de las respuestas a encuestas aplicadas a más de 1,500 abogados y expertos en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por otras instituciones”, se lee en el reporte.

El promedio nacional  de cada uno de estos factores fue de 0.39 y Baja california Sur alcanzó un 0.35, por debajo de Oaxaca que alcanzó 0.29.

“El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente”, expresó en el informe World Justice Project.

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Parte de la metodología consistió en una encuesta a población general, encuestas especializadas a abogados que ejercen en cada uno de los 32 estados y estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones (o fuentes terciarias).

“El Índice se centra en resultados e impactos de políticas públicas, por ejemplo, si las personas tienen acceso a los tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva. Esta estrategia contrasta con otros esfuerzos que se enfocan en medir insumos, como leyes, reglamentos, o la existencia de medidas institucionales en papel”, explicó la organización civil.