El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, presentará esta semana una nueva ronda de reformas para despejar las dudas sobre la solvencia del sector financiero, expuesto a altas tasas de morosidad tras el colapso del sector inmobiliario.
En su anuncio del lunes, Rajoy no dio detalles pero tampoco descartó algún tipo de préstamos o inyección de dinero público en el sector bancario si fuese necesario.
Una de las entidades en el punto de mira es Bankia, el cuarto banco del país por capitalización bursátil. Poco después de las palabras de Rajoy y tras algunas informaciones que apuntan a una importante inyección de dinero público en la entidad, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, anunció su dimisión.
Rato, ex ministro de Economía (1996-2004) y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (2004-2007), dijo en un comunicado que se marcha al "estimar que es lo más conveniente para la entidad".
Bankia nació en 2011 fruto del programa de fusiones entre las casi desaparecidas cajas de ahorro. Su salida a bolsa fue la oferta pública inicial de acciones más importante de la historia reciente de España.
Se cálcula que Bankia contabiliza más de 30.000 millones de euros (40.000 millones de dólares) en activos tóxicos vinculados a la construcción.
Rato propuso como sustituto José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del banco español BBVA.
El sistema bancario ibérico se vio muy golpeado por el colapso inmobiliario del 2008, que unido a la crisis internacional, sumió a España en una recesión de la que todavía no logra recuperarse.
Según el Banco de España, existen 323.000 millones de euros (424.410 millones de dólares) en préstamos ligados al sector inmobiliario o de la construcción, de los que 175.000 millones (230.000 millones de dólares) son problemáticos.
En 2009, el anterior gobierno socialista creó el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) nacido para recapitalizar los bancos y que condujo a una reducción de 42 a 15 el número de cajas de ahorro.
En febrero, el gobierno del Partido Popular introdujo una nueva reforma que obligó a las entidades financieras a captar 50.000 millones de euros (66.000 millones de dólares) adicionales en un año para hacer frente a sus activos devaluados por el colapso inmobiliario.
Las entidades que no puedan cumplir con las nuevas provisiones —reservas que los bancos guardan para afrontar posibles impagos— podrán presentar planes de fusión antes del 31 de mayo y recibir ayuda del gobierno para completarlas.
Las nuevas medidas anunciadas por Rajoy, que se conocerán probablemente el viernes, buscan acelerar la restructuración del sector financiero para que vuelva a fluir el crédito.
Además del desempleo, cuya tasa está ya en el 24,4% de la población, otro de los grandes problemas de la crisis en España son las dudas generadas sobre la solvencia de los bancos y la falta de crédito y liquidez, que han lastrado el consumo y la economía en general.