México.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que el decreto publicado por el Gobierno interino de Bolivia, a cargo de la autoproclamada presidenta Janine Áñez, es una “carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, pues permite utilizar al Ejército y la policía "todos los medios disponibles" en los operativos para mantener el orden en el país tras el golpe de Estado.
El decreto emitido por el gobierno de Bolivia y difundido en redes sociales exime de responsabilidad a las fuerzas del orden mientras se atengan en sus actuaciones a “principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”; además establece que los elementos de seguridad quedan libres "de responsabilidades penales" en la conducción de las misiones para garantizar el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
Los autores del #GolpeDeEstadoEnBolivia gobiernan con decretos, sin en el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y FFAA. Promulgaron un DS que deja a la institución militar exenta de responsabilidad penal. Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo pic.twitter.com/tfIFtutprv
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 16, 2019
La CIDH alerta sobre violación a estándares internacionales
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también alertó que esta norma firmada por Áñez pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos establecer el orden interno, por lo que dicho decreto está desconociendo los estándares internacionales derechos humanos “y por su estilo estimula la represión violenta”.
Se espera que el ministro interino de la presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, se pronuncie al respecto pues tiene anunciada una comparecencia en La Paz. La norma tiene fecha del 15 de noviembre pasado, cuando en la región central de Cochabamba hubo una grave represión contra manifestantes.
El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH. (2/3)
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
En 25 días de convulsión social, 23 personas han muerto y 715 resultaron heridas, según la CIDH. Desde la renuncia de Evo Morales, asilado en México, el pueblo boliviano ha continuado en protestas, principalmente en Cochabamba, bastión sindical y político de Evo Morales.
