México.- El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, se reunió con la doctora Azucena Calvillo para revisar que el seguimiento a su proceso judicial se lleve a cabo con apego a la ley, luego de que obtuviera libertad provisional tras ser acusada de intento del homicidio del juez Héctor Silva Delfín.
A través de su cuenta personal en Twitter, el gobernador José Rosas Aispuro compartió el encuentro que sostuvo con la doctora y su esposo, Leonel Soto Quintero, con quienes se comprometió a revisar que el proceso judicial se estuviera llevando de forma legal para “hacer justicia”.
{username} (@AispuroDurango) December 11, 2020
Azucena Calvillo quien es responsable del área Covid-19 del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango fue acusada de intentar apagar los aparatos que mantenían con vida al juez Héctor Silva Delfín -intubado y sedado por coronavirus- el pasado lunes 7 de diciembre.
Por lo que, la doctora fue detenida y permaneció casi un día sin comunicación, siendo puesta en libertad la madrugada del miércoles 9 de diciembre tras protestas de compañeros del sector salud que exigían su liberación.
El IMSS informó que no interpuso ninguna denuncia en contra de la doctora Azucena Calvillo y que colabora en la investigación que se sigue en su contra para el esclarecimiento del caso, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Familia de juez deslinda de homicidio a la doctora Azucena Calvillo
Velia Patricia, delegada del IMSS en Tamaulipas, indicó mediante un comunicado que a nombre de la familia Silva Delfín y de su hermano fallecido, ella no señaló a la doctora como responsable del homicidio de Héctor cuando la Fiscalía General del Estado de Durango recogió su entrevista y explicó que esto es parte de las líneas de investigación de las autoridades.
La funcionarias del IMSS detalló que la Fiscalía de Durango no ha considerado a la familia de la víctima en la investigación y descartó haber tenido acceso a la carpeta de investigación, la audiencia o ser recibida por el Ministerio Público, razón por la cual considera que se han vulnerado sus derechos.
Velia Patricia añadió que las acusaciones respecto a los señalamientos contra la doctora son reprobables porque violan sus derechos como “imputada” y los derechos de las víctimas, así como el derecho a conocer la verdad, obtener justicia y dar con el responsable del homicidio, mientras la familia es revictimizada entre acusaciones y señalamientos.