México.- El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla indicó que el cateo que se llevó a cabo ayer vienes 8 de mayo en la casa del ex mandatario de la entidad, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid, no se trata de un acto de venganza política o forme parte de una “cacería de brujas”, sino que afirmó, es una acción cuya intención es la justicia.
Durante la videoconferencia que ofreció este sábado para informar sobre el avance de la pandemia de coronavirus Covid-19 en el estado, Bonilla Valdez señaló que hay diversos señalamientos en contra del exgobernador, sobre los que destacó, lo implican en la supuesta emisión de facturas por más de mil 700 millones de pesos, que no han sido comprobadas.
De la misma forma, el mandatario apuntó que tanto Vega de Lamadrid como su esposa Brenda Ruacho, quien es acusada por presuntamente incurrir en el desvío de recursos públicos del DIF, tya fueron citados para comparecer, sin embargo hasta el momento no se han presentado ante las autoridades correspondientes para aclarar los señalamientos que pesan en su contra.
Fue por dicha situación, añadió, que se tuvo que proceder con el cateo en el domicilio que se ubica en la colonia Cumbres de Juárez del municipio de Tijuana.
“Esto es una situación que no es cacería de brujas. Es justicia nadamás y es lo que la gente me pide todos los días. Llevamos 6 meses en el gobierno armando la carpeta y llegó el momento en el que el señor exgobernador, venga a rendir cuentas”
Jaime Bonilla
Bonilla añadió que las indagatorias no solo siguen la pista de Vega y su esposa, sino que dijo, hay al menos 11 personas que colaboraron en dicha administración, que también son investigadas por presuntamente participar en los actos ilegales, por lo cual adelantó que los siguientes días habrá más noticias sobre las acciones de las autoridades.
Este viernes, la Fiscalia General del Estado obtuvo una orden de cateo del Juzgado de Control de Tijuana, para ejecutar una inspección en la casa de Vega de Lamadrid, dentro de una denuncia por administración fraudulenta que pesa contra Brenda Roacho, expresidenta del Sistema DIF-BC, vinculado con el centro y las villas CRIT de esta frontera.