El gran problema que aún no se ha logrado resolver en cuanto al ejercicio del poder, es la tentación de los gobernantes para ejercerlo absolutistamente, sin darle participación a los sectores de la comunidad para que le acompañen y consoliden la aceptación social en la toma de decisiones más importantes y estén desde su origen plenamente aceptadas, no obstante la posible legitimidad que pueda tener el gobernante electo tras participación democrática en las urnas.

No se puede soslayar que los sistemas democráticos establecen marcos muy limitados en cuanto a la posibilidad que sean realmente mayorías las que toman decisiones fundamentales; si tomamos en cuenta que la presencia de los ciudadanos en las urnas es muy limitada cuando se llega a votar hasta por abajo del 30 por ciento del padrón, y que en el mejor de los casos pudiera considerarse una gran participación ciudadana el 65 por ciento, queda claro que aún cuando el gobernante logra el triunfo con la mayoría de la participación, la población que lo apoyó es menor a la que no le dio su voto.

De ahí que los gobernantes o mandatarios deban procurar la búsqueda del consenso para que sus decisiones tengan pleno respaldo social o el mayor apoyo posible.

Esto los debería obligar a actuar con mesura, prudencia, civilidad, con una actitud de conciliación, de integración de todos los actores, de olvidarse que fueron candidatos de un partido o conjunto de partidos y recordar que deben abocarse a buscar resolver los problemas de la sociedad gobernando para todos, considerando que una vez que son electos ya no son candidatos de una sola fuerza o una fuerza específica sino que deben responderle a la sociedad en general tanto en la toma de decisiones y acciones para el desarrollo y la cohesión social pero mucho más para cuidar que las instituciones a su cargo trabajen bien; en forma imparcial, que garanticen legalidad, y el estado de derecho.

El problema es que los gobernantes caen en las tentaciones del absolutismo y se convierten muchas veces en tiranos que al estilo de la Edad Media pretenden que sus ideas, decisiones y acciones sean las únicas que deban imperar no obstante que en muchas ocasiones estén fuera de la realidad desestimando mejores decisiones o actuando fuera del marco de la legalidad.

En ese orden de ideas es que se han producido históricamente actitudes bárbaras y salvajes de gobernar, de imponerse con base en manotazos, en gritos, en tamborazos sobre todo buscando aplicar o acallar voces que señalen acciones inadecuadas o simplemente cuestiones que no estén funcionando como debieran.

Es preciso buscar atenuar este tipo de acontecimientos que se dan o se han dado en muchas partes del mundo en diferentes momentos, que siguen vigentes y que son causa de zozobra, de incertidumbre y de caos.

En este contexto, resulta importante destacar la presencia del diputado francés Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa, quien se encuentra en México para hablar sobre el uso del lawfare, una herramienta político-jurídica usada contra opositores, activistas, ambientalistas o líderes sociales de todo el mundo para neutralizar sus movimientos.

El líder de la izquierda francesa se ubica entre las 200 personalidades -incluyendo al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel- quienes a través de una carta abierta publicada el domingo 8 de septiembre en Francia en el semanario Le Journal du Dimanche, afirmaron que procesos judiciales motivados políticamente "deben cesar".

"Invitamos a todos a la vigilancia para defender a las víctimas de este tipo de operaciones, cualquiera sea su identificación política. Llamamos a la cooperación mundial para la resistencia jurídica", señalaron las personalidades firmantes.

El grupo incluye también al español Pablo Iglesias, secretario general del movimiento Podemos; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el expresidente uruguayo José Mujica.

"Se está cruzando un umbral" con "la táctica de 'lawfare'", es decir con "la instrumentalización de la justicia para eliminar a los competidores políticos", apuntaron en la carta, para mencionar los casos de Lula, el abogado egipcio Massoum Marzouk, el opositor camerunés Maurice Kamto y también el propio Mélenchon en Francia.

Mélenchon acaba de completar una larga gira por México, Uruguay, Argentina y Brasil, en la que llegó a reunirse con Lula en la cárcel donde cumple pena de casi 9 años de prisión por cargos de corrupción.

El dirigente francés será juzgado el 19 y 20 de septiembre, junto a cinco de sus colaboradores, por actos de intimidación contra autoridad judicial, rebelión y provocación, cargos presentados luego de una operación policial de búsqueda en la sede de su partido, en octubre de 2018.

Como sociedad mexicana, como jaliscienses, como parte de una democracia, será interesante preguntarnos qué tan cerca estamos de ese denominado lawfare, y si no estamos a tiempo de tener un papel más participativo para evitar que este tipo de acciones se reproduzcan en nuestro entorno.