Hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) emitió un informe e que se muestra que a pesar de los matices o maquillajes las políticas públicas no solo carecen de credibilidad y resultan ineficaces, en términos generales, sino que mantienen marginados a los jóvenes y las mujeres mexicanas.

El documento deja en claro que los planes de bienestar están señalados por la corrupción ya que no existen padrones transparentes de los beneficiarios, por lo que no hay racionalidad en el uso de los recursos fiscales, ni garantía de acciones públicas eficaces.

Si eso es en los hechos, la percepción es todavía más grave. Según la encuesta Pobreza en México, levantada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, afirma que el 86.6 por ciento de la población considera que el gobierno “no ha hecho lo suficiente para reducir la pobreza” y 9 de cada 10 personas estiman que los programas sociales no sirven, más que para alimentar la politiquería.

Vamos a los datos del CONEVAL: En este sexenio el número de mexicanos pobres aumentó en 2 millones 200 mil personas, con mayor incidencia en la población rural, en donde las mujeres, de manera destacada, y los jóvenes no han visto mejoría de oportunidades.

El caso de los ancianos, es caso aparte porque si bien ha avanzado a cuentagotas el acceso a la salud, solo se da en localidades cercanas a poblaciones grandes y tienden a ser los más pobres entre los pobres.

Hay que considerar, sin embargo, que entre 2014 y 2015 las carencias que más disminuyeron fueron: la de acceso a la seguridad social, que bajó de 58.5 a 56.6 por ciento; la de alimentación, bajó de 23.4 a 21.7 por ciento y la de servicios de salud, que descendió de 18.2 a 16.9 por ciento. 

Aun así, aunque la estadística muestre signos de abatimiento de la pobreza, eso no significa desarrollo social. Por el contrario.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 del CONEVAL pone en evidencia que a diversos grupos vulnerables no llegan las políticas públicas, por lo que persiste marginación y, quizá, discriminación para amplios sectores de la población.

Los avances observados de 2014 a 2016 se presentan en función de la mejor coordinación de acciones, aún entre gobiernos de diferentes partidos políticos, pero no hay garantía de ninguno de ellos de inclusión al desarrollo. Especialmente en jóvenes y mujeres.

En ese lapso, persiste la falta de oportunidades para las mujeres y hay un dato que resulta lamentable: 75.5 por ciento de las indígenas mayores de 65 años están en condición de pobreza y los jóvenes, aunque tienen acceso a la educación, carecen de oportunidades para obtener un empleo remunerado, situación que se agrava para los mayores de 65 años.

Con estos ejemplos, queda claro que los 5 mil 491 programas de combate a la pobreza de carácter federal, estatal y municipal no se han traducido en mejores oportunidades para la población, pero sí un gasto operativo creciente y clientelismo político, especialmente en temporadas electorales, además de una creciente percepción de corrupción. Más cuando se confirma que no hay padrones efectivos de beneficiarios ni transparencia en las decisiones y resultados.

Según la curva poblacional, en 2017-2018 México alcanzará el punto más alto de la presencia de jóvenes cuyas demandas socioeconómicas y políticas serán extraordinariamente dinámicas en el futuro sin que se advierta que las políticas públicas avancen con la velocidad de la demanda ni que sean eficaces.

Hay mucho por hacer en el país, más que proponer tarjetas rosas para las mujeres de una pequeña parte del país.

@lusacevedop