Columnas

Un diputado del PT contra el Rey Juan Carlos

Rey emérito Juan CarlosCuartoscuro

El debate en torno al futuro de la monarquía de España  deberá darse en el marco de la propia Constitución de ese país.

Mientras diarios españoles como el ABC y El País se desgañitan en favor y en contra del rey emérito Don Juan Carlos de Borbón, el diputado federal mexicano Gerardo Fernández Noroña dedicó un buen tiempo de su espacio en redes para hacer alusión al escándalo de corrupción que envuelve al ex jefe de Estado y a la Casa Real.

El diputado Fernández Noroña, fiel a sus convicciones de izquierda latinoamericana, aludió a las acusaciones levantadas contra el rey emérito. Por un lado, el diputado expresó sus antipatías en relación con la mera existencia de las monarquías, a las que calificó de retrógradas y autoritarias, y a la vez, omitió importantes elementos de la biografía del rey Juan Carlos, como su fundamental participación en la transición española y en la solución del intento del golpe de Estado de 1981.

En este tenor, conviene señalar que la totalidad de las monarquías europeas —con excepción de los principados minúsculos del continente— se sustentan bajo regímenes constitucionales. En el caso británico, por ejemplo, el derecho consuetudinario otorga al monarca poderes ejercidos por el Parlamento y por el Gabinete, formado este último por el partido con mayoría en la Cámara de los Comunes. En otras palabras, la figura de la monarca —Isabel II— representa siglos de tradición, y sus poderes están restringidos por un Parlamento democrático, con muy limitadas competencias otorgadas a la Cámara de los Lores.

En el caso español, la monarquía está legítimamente constituida por la Constitución de 1978, la cual fue ratificada por los españoles el 6 de diciembre del mismo año. De acuerdo a la Carta Magna, las prerrogativas del rey derivan de este instrumento y de lo que de él interprete el Tribunal Constitucional de Madrid. En suma, las prerrogativas del rey Felipe VI no emanan de Dios —como a la vieja usanza de los Borbones franceses— sino de un instrumento jurídico debidamente avalado por el pueblo español.

Algunos detractores de la monarquía española, tanto dentro como fuera de España, arguyen que la inviolabilidad del monarca supone un atentado contra la igualdad ciudadana. En este sentido, conviene señalar que esta inviolabilidad incluye exclusivamente al Jefe del Estado. Por tanto, el rey Juan Carlos, quien no ocupa más la jefatura del Estado español, no está protegido por la Constitución en caso de violación a las leyes ordinarias.

En suma, el constitucionalismo de las principales monarquías europeas no deja espacio para el autoritarismo unipersonal. La herencia de la Revolución francesa y el liberalismo ideológico del siglo XIX imperan en los marcos constitucionales actuales de las monarquías europeas. La permanencia de estados monárquicos en pleno siglo XXI responde a procesos histórico-políticos que únicamente serán comprendidos a la luz de las propias naciones que le han dado existencia.

Finalmente, en respuesta a Fernández Noroña, hago referencia al intercambio verbal entre el rey Juan Carlos y el presidente Hugo Chávez, en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007, el rey espetó el célebre “¿Por qué no te callas?” al presidente venezolano. El diputado Fernández Noroña, en su reciente intervención, lo calificó como autoritario. La frase de Don Juan Carlos respondió a las descalificaciones de Chávez al ex presidente español José María Aznar. El exabrupto del rey fue secundado por el presidente en turno —de izquierdas— José Luis Rodríguez Zapatero.

El debate en torno al futuro de la monarquía española —exacerbado por la salida del rey emérito de España— deberá darse en el marco de la propia Constitución, según dispongan las Cortes electas por los españoles y el Tribunal Constitucional. Así ha sido reconocido por el antimonárquico Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, quien no ceja en su voluntad de promover la extinción de la monarquía y la proclamación de una tercera república española.