August 15, 2019 03:27

¿Truculencias entre el gobierno de Jalisco y el Cártel de la Sangre?

cartel de la sangre
El grupo de empresas conocido como el “Cártel de la sangre”, llamado así por monopolizar los servicios de banco de sangre y de laboratorio en el sector salud del paísInternet

El denominado “Cártel de la sangre” se habría infiltrado mediante un controvertido contrato con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), entre las empresas que prestan servicios al Gobierno de esta entidad a través de una licitación amañada desde las más altas esferas que al parecer entretejieron una ruta para facilitarte el acceso y otorgarle un contrato por 36 millones de pesos, en lo que se presume un nuevo acto de corrupción similar al multimillonario contrato del programa “A Toda Máquina”, por el que se han presentado ya varias denuncias a nivel estatal y federal.

El grupo de empresas conocido como el “Cártel de la sangre”, llamado así por monopolizar los servicios de banco de sangre y de laboratorio en el sector salud del país y por haberse coludido para fijar precios y repartirse contratos, -según se corroboró al descubrirse audios en los que directivos de empresas se ponían de acuerdo para tal fin así como crear firmas “fachada” para simular competencia o no aparecer directamente en los procesos licitatorios-, participó en un par de licitaciones a través de la empresa “Intermet”, filial de Impromed, una de las empresas del cártel que fue inhabilitada para participar en procesos durante seis meses por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras comprobarle malos manejos.

Aun estando sancionada, la empresa concursó en un par de licitaciones del gobierno de Jalisco, siendo observada por empresas locales que advirtieron de la ilegalidad, al tiempo que denunciaron una serie de anomalías en la licitación, tales como que se estaban exigiendo equipos e insumos con características que solo tenían las marcas que distribuye en exclusiva Impromed, para garantizar que resultase ganadora su filial Intermet, a pesar de que no estaba ofreciendo los precios más bajos.

La empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, SA de CV, impugnó ante la Contraloría Interna de la SSJ ambos procesos de licitación por las anomalías encontradas y solicitó su suspensión.

Ahí señaló que “de seguir el proceso, se estarían cometiendo violaciones graves” al artículo 134 de la Constitución mexicana y a la Ley de Compras estatal “afectando gravemente el patrimonio de la convocante, ya que con las características técnicas de diversos equipos contenidas en las Bases no se estaría en posibilidad de conseguir las mejores condiciones técnicas y económicas, además se estaría violando el principio de libre competencia”.

Tras hacerse pública la queja interpuesta por GAP, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ordenó la cancelación de la mencionada licitación. En esa oportunidad, el mandatario informó mediante un comunicado que repondría el primer proceso y lanzaría un segundo concurso, “en virtud de las quejas recibidas en la Contraloría estatal desde hace más de una semana y de las declaraciones hechas por el presidente de la República hace dos días respecto a las prácticas monopólicas de diversas empresas, entre las que se encuentra una presunta filial de las empresas participantes en la licitación (...) para la compra de productos y servicios en materia de salud”.

De acuerdo con periodistas y medios de comunicación que han dado puntual seguimiento al tema, la cancelación permitió que avanzara el tiempo y se cumplieren los seis meses de inhabilitación que impedían a Intermet participar en la licitación, al tiempo que se modificó una cláusula que también le significaría un obstáculo, al advertir sobre una posible descalificación “de comprobarse su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR con cualquiera de los tres niveles de Gobierno”.

De esta manera, el Gobierno de Jalisco zanjó el camino para que Intermet pudiese acceder sin obstáculo alguno a ganar el concurso, el cual le fue ratificado el pasado miércoles, ante la inconformidad manifiesta de empresas locales que aseguran la intención de la administración estatal era otorgarle ese y otros contratos que siguen en juego a la firma Intermet, mientras el OPD asevera que este proceso licitatorio fue transparente y se actuó en todo momento dentro del marco de la Ley. El organismo refiere que las otras dos compañías que participaron en el proceso licitatorio  “no cumplieron con los elementos técnicos requeridos por el área solicitante para garantizar que el servicio que se ofrecerá a la población sea el óptimo”.

De momento, la otra licitación en que concursa Intermet (LPN 43068001-015-2019 para el “Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete para la Red de Laboratorios del Estado de Jalisco”), fue suspendida por orden de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), toda vez que la empresa que ofrece el servicio actualmente, Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, se fue a tribunales y obtuvo esa medida cautelar al alegar presuntos concursos dirigidos para dar el gane a la dupla Impromed-Intermet.

No habla bien de un gobierno que se proclamó como inmaculado, que prometió una refundación y ganó adeptos al proyectarse como un Movimiento Ciudadano que no tenía compromisos con nadie, que a siete meses de administración ya se le persiga o señale por dos contratos de suma relevancia en los que se presume conflicto de intereses y/o actos de corrupción, como en el caso del contrato multimillonario de A Toda Máquina, en que entregó la licitación a un amigo del Gobernador por casi 3 mil 700 millones de pesos y ahora este que será interesante saber cuál es el compromiso o lazo que lo hace entregar este controvertido contrato al “Cártel de la sangre”.

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