Al menos que ocurra algo milagrosamente extraordinario, en unos días, u horas probablemente, la ciudad de Cancún, el polo turístico más importante y visitado en México y en toda Latinoamérica, alcanzará la funesta cifra de 100 personas ejecutadas (al momento de escribir estas líneas, la cifra es de 97) en lo que va de este año 2019.

Lo anterior, además de las 47 personas más que han sido asesinadas en Playa del Carmen durante este año, en un muy alarmante incremento de este ilícito en el estado, Quintana Roo, que es la gran joya del turismo en el país, al captar el 35 por ciento de las divisas que ingresan a México por concepto turístico, con más de 20 millones de visitantes por año.

Hace unos cuatro años, nos referíamos en esta misma columna a las entonces “preocupantes” estadísticas de la violencia, con un promedio de 50 personas ejecutadas al año principalmente en la ciudad de Cancún, en donde ya para el 2018 los números superaron las 535 ejecuciones.

Advertíamos, por aquellos tiempos (2014) sobre el riesgo de una “acapulquización” de Cancún, en vista de la gran crisis de violencia que afectó (y afecta) a Acapulco, el otrora gran destino turístico de México, y en donde las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado superaban ya las 500 víctimas mortales por año, lo cual lógicamente y con el tiempo representó un grave declive para ese conocido destino turístico del estado de Guerrero.

Esa realidad desafortunadamente alcanzó a Cancún, aunque a diferencia de Acapulco la afluencia turística no se ha reducido en el Caribe mexicano, debido a qué relativamente la violencia no ha afectado directamente a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Quintana Roo.

La intensa violencia es atribuida a los enfrentamientos entre las células o cárteles del crimen organizado, que se disputan el control de ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.

Se supone que esa lucha se limita a ejecuciones y ataques entre las bandas delincuenciales dedicadas a la venta de droga, pero la extorsión, el secuestro y los robos están afectando directamente a los inversionistas nacionales y extranjeros, y se incrementa la frecuencia de ataques y robos a establecimientos comerciales, incluso en la exclusiva Zona Hotelera de Cancún.

En una práctica muy generalizada a lo largo y ancho del país, las autoridades policiacas y ministeriales aducen frecuentemente que las numerosas ejecuciones tienen que ver con “ajustes de cuentas” o disputas entre grupos criminales, lo que en muchos casos es una absurda actitud para tratar de ocultar la deplorable realidad: muchos de los ejecutados son ciudadanos inocentes, empresarios y comerciantes, víctimas de la extorsión, el fuego cruzado o los secuestros perpetrados por la delincuencia organizada.

Propietarios de restaurantes, de empresas turísticas y de bares, al igual que taqueros, comerciantes, parroquianos e incluso periodistas, han perdido la vida en este tipo de violentos ataques. Y lo más fácil para las autoridades, es criminalizar también a las víctimas.

La impunidad es otro ominoso signo de esta creciente matanza humana en Quintana Roo y en todo México. La gran mayoría de las ejecuciones no se resuelven. No hay detenidos ni acusados. La Fiscalía General de la República (antes PGR) y la Policía Federal, son más unos entes decorativos que verdaderas instituciones avocadas a investigar, prevenir el delito y procurar la justicia a las numerosas víctimas que son blanco del crimen organizado.

La situación de la Policía Estatal y de la Fiscalía General de Quintana Roo no es muy distinta, y de nada han servido los constantes relevos de mandos y titulares en esas instituciones. Los grupos criminales continúan con su implacable avance y crecimiento.

Cancún figura ya entre las 15 ciudades más violentas del país, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica a Quintana Roo como el tercer estado con la mayor variación (77.5%) de homicidios dolosos, considerando enero del 2018 con enero del 2019.

En la actualidad, se registra una ejecución cada 10 horas en Quintana Roo. En consecuencia, el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cancún tiene el problema de hacinamiento de unos 120 cuerpos no identificados, motivo por el que se inició sigilosamente la construcción de una fosa común en la comunidad de Pucté, cuyos habitantes frenaron la obra bajo el argumento de que “queremos inversión, calles y alumbrado público, no muertos”.