Una de las buenas noticias que se desprenden de los sismos y las tragedias que han azotado al país en las últimas semanas, aparte de la admirable solidaridad y movilización ciudadana para participar en las labores de rescate y reconstrucción, es la presión que surgió para que los partidos políticos aporten una parte de sus jugosas prerrogativas económicas a favor de los damnificados.

La discusión está en curso, a menos de un año de la jornada electoral del 1º de julio del 2017, en la que será renovada la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales, pero además habrá elecciones concurrentes en prácticamente cada una de las entidades y en la Ciudad de México, para renovar cuando menos un poder local.

Este contexto lógicamente ha influido en la relativa apertura de los partidos para ceder muy considerables cantidades de recursos para las víctimas de los sismos, algo que hace apenas unas semanas era impensable porque tratándose de los dineros públicos que se les asignan, la mayoría de los dirigentes partidistas y sus respectivos legisladores simplemente evitaban a toda costa el tema.

Fue en abril pasado cuando la bancada del PRD en la Cámara de Diputados puso el asunto en la mesa, para discutir la reducción de las asignaciones federales a los partidos, que en este año de 2017 fue de 4 mil 138 millones de pesos, más los también sustanciales reportes que cada organismo electoral local les otorga en los estados y en la Ciudad de México.

Pero las bancadas del PRI, PAN, PVEM en San Lázaro hicieron mutis a la hora de la verdad, y el intento para recortar las prerrogativas partidistas se fue por la borda. Fracasó.

Desde la semana pasada, el análisis no versa precisamente sobre el cambio de las reglas y fórmulas para reducir el presupuesto público destinado a los partidos. Tras los sismos, surgieron y se multiplicaron las voces que exigen a los partidos otorgar una parte de los recursos que se les asignan cada año.

Para el 2018, un año fuertemente electoral, se estima que las prerrogativas de los partidos aumentarán a unos 6 mil 900 millones de pesos, cifra que por sí sola suena descomunal, y que frente a los más de 50 millones de mexicanos, es insultante.

Por eso luego de los sismos y sus lamentables saldos, los partidos y otros actores políticos como los senadores y diputados federales, fueron de inmediato blanco de las críticas y exigencias por sus ofensivos privilegios económicos, frente a una sociedad que, para colmo de males, ha sido golpeada severamente por las fuerzas de la naturaleza.

Los planteamientos de los propios partidos empezaron a emerger, como la de Andrés Manuel López Obrador de Morena, quien sugirió descontar un total de 20% de las prerrogativas ordinarias del 2017 y otro 20% de las de campaña del 2018. El dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, propinó un buen golpe mediático y político al anunciar la propuesta concreta de su partido, para entregar un 25% de las prerrogativas del PRI: más de 256 millones de pesos.

El PAN, PRD y PT también externaron sus propuestas. El problema es que los anuncios y supuestas buenas intenciones se han estancado ante la complejidad legal y administrativa para otorgar los recursos a los damnificados, y el tema parece diluirse al paso de los días.

El Instituto Nacional Electoral, responsable de la definición y entrega de las prerrogativas, se comprometió a analizar los mecanismos y esquemas más ágiles y seguros para descontar los recursos, pero las diferencias y suspicacias partidistas han dificultado el avance de esta extraordinaria posibilidad para que los partidos obtengan una buena dosis de la credibilidad social que tanto necesitan.

Mientras, la llamada “sociedad civil”, el ciudadano común y corriente, sigue dando otra ejemplar lección de apoyo solidario a las víctimas de los sismos. Los partidos políticos, y la sociedad política en general, le siguen quedando a deber al pueblo mexicano en esta nueva serie de graves adversidades.

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