El incisivo rechazo, en Quintana Roo, de los sindicatos de taxistas a la empresa Uber no es por la “competencia desleal” que representa esa y las otras nuevas empresas de transporte que han incursionado en el país. El gran temor es de las poderosas y privilegiadas cúpulas sindicalistas del transporte, que están viendo peligrar sus no del todo legítimos intereses en ese prolongado y turbio maridaje que han sostenido con los gobiernos estatales en turno.

En el caso de Quintana Roo, unos y otros, sindicatos de taxistas y autoridades estatales, se han utilizado económica y políticamente, sobre todo en los tiempos electorales. Los gobiernos estatales han dado a los diversos sindicatos concesiones de taxis a diestra y siniestra. Están concesiones o placas tienen en Quintana Roo un muy alto valor económico.

A cambio, los grupos que controlan los sindicatos de taxis, se han enriquecido al disponer y vender indiscriminadamente las concesiones que, se supone, deberían ser entregadas a los choferes de acuerdo a su antigüedad. Pero además cobran jugosas fianzas y cuotas semanales a los trabajadores del volante, y usufructúan negocios y propiedades que pertenecen a los sindicatos.

Las autoridades en turno simulan no ver ninguna irregularidad, porque también reciben parte de la tajada económica, así como una total “colaboración” en los asuntos político-electorales. Los sindicatos de taxis son mucho más que parte del “corporativismo” que ha caracterizado al sistema político mexicano. Son “cajas chicas” de los gobiernos estatales y muy fieles guardianes políticos del régimen en turno.

Su poder económico, decíamos, es inmenso, y ha enriquecido a generaciones de “dirigentes” sindicalistas que han atesorado millones de pesos en sus cuentas bancarias, en negocios, en propiedades y, por supuesto, en placas. No es extraño saber que cualquier dirigente o ex dirigente cuenta con por lo menos 10, 20 o más concesiones, y que en su momento repartió numerosas concesiones a familiares y amigos.

Hay también “políticos”, empresarios y periodistas que se han enriquecido con decenas de placas, que las autoridades estatales les han otorgado como “premio” por su “buen” comportamiento.

Pero la llegada de Uber y Cabify ha sacudido a esas estructuras tradicionales del transporte en el país, sobre todo en entidades como Quintana Roo en donde los sindicatos y uniones de taxistas han gozado de una existencia y operación monopólicas y, por lo tanto, toda competencia representa un riesgo para los descomunales intereses económicos y políticos en juego.

El Congreso de Quintana Roo ya trabaja en la formulación de una Ley para la Movilidad de Quintana Roo, en la que al parecer se dará cabida a Uber y Cabify, bajo el argumento de que “es necesario dotar de un nuevo esquema que permita el crecimiento ordenado y la prestación de servicios de transporte, con enfoques de movilidad universal, capaces de satisfacer las necesidades de las ciudades y comunidades quintanarroenses”.

Esta apertura tanto del gobierno como del Congreso de Quintana Roo es encomiable, porque por fin se rompe con la inercia y con los intereses de un gremio como los sindicatos de taxistas, que no son precisamente el mejor y más barato servicio de transporte, y que además paga ínfimos salarios a los conductores, quienes no cuentan con seguridad social ni con ninguna prestación social o económica.

Los dirigentes sindicalistas han enviado a los choferes de los taxis a protestar contra lo que parece la inminente “legalización” de Uber en Quintana Roo, pero esta poderosa empresa parece no estar de acuerdo con la iniciativa que se confecciona en el Congreso del Estado, y ha presionado para que sea más “incluyente”.

Sabedores de la competencia que se avecina, los sindicatos de taxistas locales han externado que buscarán la modernización tecnológica con plataformas digitales similares a las de Uber, pero en el colmo de ese paternalismo gubernamental que precisamente ya debe desaparecer para siempre, los dirigentes sindicalistas consideran que esas aplicaciones deben ser elaboradas y financiadas por el gobierno estatal. Así de trasnochados.

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