En el asunto de las controversias constitucionales interpuestas por Quintana Roo, para reclamar a Campeche y Yucatán la devolución de más de 10 mil kilómetros cuadrados de territorio en poder de esas dos entidades, tiene muy pocas probabilidades de encontrar una sentencia favorable o en contra, porque la realidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que el Senado en su momento, ha eludido imperiosamente ese y muchos otros casos similares, con el claro objetivo de no iniciar una “peligrosa” tendencia que, en consecuencia, le obligaría a emitir muchas otras resoluciones de similar naturaleza en otras partes del país.
Lo advertimos en esta misma columna desde el 16 de junio del 2014, cuando en la entrega titulada “La Tremenda Corte y el Conflicto Limítrofe” expusimos “que no habrá pronto una sentencia al respecto, por una sencilla pero poderosa razón: no se desea definir un litigio en el escabroso apartado de los conflictos territoriales, porque se teme que con ello se sentaría un extraordinario precedente que aceleraría o dispararía otras disputas territoriales entre municipios y entidades de la República”.
Les dejamos aquí el link de la citada columna:
https://trasfondoscolumna.wordpress.com/2014/06/16/la-tremenda-corte-y-el-conflicto-limitrofe/
De tal manera que el resurgimiento del tema a principios de este mes de junio, cuando el actual secretario de Gobierno de Quintana Roo, Francisco López Mena, aseveró que ese asunto ya estaba perdido para Quintana Roo y que el gobierno estatal ya no haría nada más al respecto, no entrañaba en realidad nada nuevo porque la “Tremenda Corte” sencillamente ha evitado el asunto durante 20 años, faltando desde luego a su elemental responsabilidad de impartir justicia.
Lo demás fue caldo político: el citado funcionario recibió numerosas cuestionamientos de la prensa y organizaciones civiles, y al final se anunció que siempre sí, que el gobierno de Quintana Roo retomará con toda seriedad el caso, aunque a decir verdad el status de las controversias no se debe, en esencia, a lo que hicieron o dejaron de hacer las anteriores administraciones estatales, sino a esa negativa de la SCJN para resolver.
Y como lo apuntamos en esa misma entrega de hace poco más de tres años, ni la Corte ni el Senado “están interesados en que se resuelva ese u otros conflictos territoriales, con el objetivo de no desencadenar una cascada de litigios y presiones por parte de otras entidades federativas y municipios que registran inconformidades de ese tipo”.
LOS DEMÁS CASOS
Las desavenencias entre estados y municipios por razones territoriales no son pocas, y varios de esos pleitos son más añejos que el de Quintana Roo: El Distrito Federal (ahora Ciudad de México) vs Estado de México (El Rosario, asentado entre la Delegación Azcapotzcalco del DF y el municipio de Tlanepantla, Edomex); el municipio de los Reyes La Paz, Edomex vs la Delegación Iztapalapa del DF, y en San Juan Tezompa, entre el municipio de Chalco y la Delegación Tláhuac.
Entre entidades, otros conflictos son: Colima vs Jalisco, en el que 406.8 kilómetros cuadrados están en disputa; Oaxaca vs Chiapas, en el que se encuentran en litigio 170 mil hectáreas de bosques y selva y, por supuesto, el conflicto de Quintana Roo contra Campeche y Yucatán.
Los casos son más abundantes entre municipios, y son ya conocidos como Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT). Algunos de ellos son los de Puebla vs San Andrés Cholula; En Nuevo León, los municipios de Monterrey vs Guadalupe, Santiago vs Monterrey, Escobedo vs Monterrey; en el Estado de México, los municipios de Melchor Ocampo vs Tultepec, Netzahualcóyotl vs Chimalhuacán, Naucalpan vs Lerma y Huixquilucan, Ecatepec vs Acolman y Tecamac; en el estado de Veracruz, Cosoleacaque vs Minatitlán, Xalapa vs Banderilla, Moloacan vs Las Choapas, Coatzacoalcos vs Moloacan, Coyutla vs Coatzintla, y Acula vs Amatitlán.
Desde 1997, cuando Quintana Roo interpuso la primera controversia constitucional con motivo de la creación del municipio de Calakmul, Campeche, la “Tremenda Corte” y el Senado de la República se “pelotearon” el asunto, el cual quedó finalmente en el 2012 en manos de la Corte, que siguió esquivando el caso. Y muy seguramente seguirá en esa lamentable tesitura.
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