La estrategia de comunicación parecía tan sencilla pero se decidió lanzar una aventurada y precipitada hipótesis sobre la explosión ocurrida en el ferry de Barcos Caribe, lo que terminó por generar desconfianza y especulaciones diversas sobre ese infortunado percance que ya derivó en sendos “warnings” de los gobiernos estadounidense, alemán y canadiense. Lo más conveniente hubiera sido simplemente declarar que era necesario esperar los resultados de las investigaciones.

Se cometió un evidente error en aras de no provocar pánico y proteger la sensible actividad turística, al “adelantar” que la explosión, según las primeras indagatorias, se debió a una  probable “falla mecánica”.

El yerro informativo fue encabezado por la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), la ex alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, quien en un comunicado emitido momentos después del percance,  indicó que “el informe preliminar indica que fue una falla mecánica”.

De inmediato las redes sociales se inundaron de expresiones que cuestionaban el anuncio gubernamental de la falla mecánica como causa de la explosión, cuando todo parecía apuntar hacía un atentado.

En pocas horas el asunto se tensó, se salió de control, y el gobernador Carlos Joaquín González tuvo que salir, como ya parece costumbre, a enmendar los errores de sus colaboradores, al aclarar que las autoridades estatales y federales investigarán el caso para determinar la causa precisa del percance que lesionó a casi una veintena de personas.

El ingrediente político era inevitable y terminó, de todos modos, contaminando el caso porque la embarcación es propiedad de la familia del ex gobernador Roberto Borge Ángulo, e incluso se asegura que el padre del ex mandatario preso en el Cefereso de Morelos, Roberto Borge Martín, viajaba en el propio ferry aunque salió ileso de la explosión.

Las especulaciones y suposiciones han circulado desde entonces en varios sentidos: Que alguien contrario al grupo de la familia Borge mandó colocar y estallar un artefacto para “reventar” esa empresa ligada al cuestionado ex gobernador, o que se trató de un autoatentado para desestabilizar al gobernador Carlos Joaquín.

Como en muchos otros casos en los que la estrategia informativa empezó mal, en este seguramente la situación no concluirá de la mejor forma, cuando menos en cuanto a la credibilidad ciudadana, porque desde el principio hubo confusión, se alentó la sospecha, y difícilmente el informe final sobre las causas del accidente se librará de las suspicacias y los cuestionamientos.

Estaríamos frente al típico caso en el que muchos ciudadanos, tras el desacertado manejo informativo de la situación, ya no creen ni en la verdad.