Han sido varias las oportunidades en las que he expresado la necesidad de que, como ciudadanos, impulsemos un cambio real en la forma que el gobierno actúa. De hecho, esta es una de las grandes prerrogativas de la democracia: la posibilidad tangible de inferir en la toma de decisiones y el direccionamiento de las políticas, programas y estrategias.
Por ello, el que la sociedad civil influya en las decisiones gubernamentales depende, fundamentalmente, de su participación activa; y el hacerlo requiere de mucho más que sólo emitir su sufragio en cada elección, pues cada vez que dentro de nuestra interacción en la comunidad ejercemos derechos y cumplimos obligaciones, estamos participando.
Y justamente uno de nuestros derechos, que socialmente debería ser también una obligación, es la de vigilar el accionar de la clase gobernante. De hecho, un Estado eficaz exige la construcción de una ciudadanía participativa que no sólo genere quejas, sino que contribuya a establecer soluciones.
Esta suerte de dinámica, círculo virtuoso entre clase política y ciudadanos, requiere de un elemento que amalgame la interacción entre ambos sectores: la transparencia. Este aspecto, junto con el acceso a la información, juega un papel esencial en la construcción de gobiernos más eficaces, pues al abrirlos al escrutinio público, impulsan el involucramiento social en el diseño y evaluación de políticas gubernamentales.
La transparencia ha sido desde hace ya mucho tiempo un clamor creciente en nuestro país. Recuerdo que fue en mayo de 2001 cuando, reunidos en Oaxaca, un grupo encabezado por académicos, periodistas, editores y activistas de la sociedad civil se pronunciaron por una legislación que, en virtud de una sociedad democrática, facilitara y garantizara el acceso a la información pública gubernamental.
Trece años han pasado ya desde ese acontecimiento, y como producto de ello, actualmente la ciudadanía ha adoptado -poco a poco- la exigencia por la rendición de cuentas como algo común. Por ejemplo, entre 2003 y 2014, según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se cuentan con más de un millón de solicitudes de información; incluso, tan sólo en 2013, los particulares presentaron más de 142 mil peticiones.
Lo que nos demuestran los datos anteriores es que el derecho a la información pública gubernamental no es tan sólo un derecho ciudadano; es la herramienta por excelencia para reconstruir el vínculo entre gobierno y sociedad civil, así como el arma más efectiva contra la corrupción, pues todo ente que reciba recursos públicos deberá entregar cuentas.
En ese orden de ideas, la última reforma constitucional en materia de transparencia, no sólo amplía las atribuciones del IFAI considerándolo un organismo autónomo, colegiado y con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto; también obliga a los partidos políticos, sindicatos y a cualquier sujeto de financiamiento público a demostrar sus acciones y gastos frente a la ciudadanía.
Esto, si bien es un gran avance, no es suficiente. Es una puerta abierta para que tomemos las riendas de los temas que deben importarnos a todos. Es una invitación pertinente para que aceptemos la obligación ciudadana de impulsar una transformación incluyente del gobierno.
Necesitamos, en suma, consolidar una nueva cultura que, en el marco del respeto a la legalidad, contribuya al establecimiento de soluciones ciudadanas a problemáticas que a todos nos interesan.
Y es por eso que aprovecho este espacio para invitarlos al curso Transparencia y Rendición de Cuentas que el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) A.C., impartirá el día 18 de agosto, a partir de las 9:30 horas en el Hotel Fiesta Americana Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma #80, Colonia Juárez, en el Distrito Federal. Quienes gusten acompañarnos, pueden recibir informes e inscribirse al teléfono 5729 9600, extensiones 3034 y 3035 o al correo cursos@icadep.org.mx
Un gobierno más eficaz, capaz de responder a las demandas sociales y sensible a las exigencias de la ciudadanía no puede construirse solo; depende del impulso de todos. Participemos juntos por el país que queremos: exijamos y construyamos una mejor nación.
*Dunia Ludlow se desempeña como Secretaria General en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) A.C. del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es Maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España.