En tanto se cumplen los compromisos establecidos para los próximos 45 días con el presidente Donald Trump para frenar las corrientes migratorias y evitar la imposición de aranceles, la cúpula empresarial mexicana y el presidente López Obrador suscribieron un acuerdo para promover la inversión productiva.

La decisión es ambiciosa y compleja para todos, pero especialmente es un serio compromiso para el gobierno.

Por parte de los patrones se ofrecieron 32 mil millones de dólares en este año, una cifra extraordinaria para la economía mexicana que está condicionada a que el gobierno federal garantice de inmediato reglas y mensajes claros en un marco de “estricto apego al marco jurídico”.

Por su parte, el presidente López Obrador, sin dar detalles ni plazos, ofreció que los proyectos se lleven a cabo y que juntos (gobierno y patrones) “podamos vencer todos los obstáculos”.

No se dijo nada de las grandes inversiones que han sido canceladas, como el Aeropuerto de Texcoco o los planes en materia petrolera, por ejemplo.

López Obrador dijo que, con esos recursos del orden de los 610 mil millones de pesos, la economía mexicana crecerá -como lo ha prometido- a una tasa anual de 4 por ciento y se van a crear todos los empleos que necesita la población.

Pero faltó aclarar cuáles son las prioridades y cómo se cumplirán las exigencias para restablecer el Estado de Derecho fuerte y eficaz que garantice la certidumbre y seguridad social condicionada en el acuerdo, además de la estabilidad macroeconómica, que son tareas que exigen decisiones radicales, complejas y expeditas ante un ambiente tan enrarecido por el propio gobierno.

La inversión anunciada, de fluir en la cantidad y con la velocidad de los discursos, daría el aliento que necesita el país para enfrentar las adversidades internas y las que auguran un entorno global recesivo.

En los últimos cuatro años la inversión en México y las condiciones para promoverla no han sido suficientemente propicias para impulsar al mercado interno y, mucho menos, crear empleos remuneradores que permitan a los jóvenes superar la desigualdad de oportunidades y se desincentiven las actividades informales, que alimentan la inseguridad física y social.

Se ha favorecido al autoempleo y los vicios de la informalidad con sus bajos niveles de ingresos que han favorecido la polarización del ingreso, en donde unos cuantos tienen mucho y muchos muy poco en detrimento de nuestros mercados, además de afectar negativamente también al entorno social.

De cumplirse el compromiso gubernamental de restablecer el Estado de Derecho y de que se dejen a un lado los caprichos de la gestión pública para para que verdaderamente fluyan los 32 mil millones de dólares anunciados y se creen entonces las condiciones productivas, hacia 2020 el país dispondrá de condiciones para reducir la desigualdad con empleos remunerativos.

Aunque avanzar en esa dirección implicará recuperar muchas de las reformas económicas estructurales de las que hace unos días le vino a recordar Christian Lagarde, la directora gerente del FMI, al presidente López Obrador en materia energética y de infraestructura, además de dar resultados concretos en materia de combate a la corrupción.

Se tendrá que revisar qué se puede aprovechar del neoliberalismo vigente en el mundo para impulsar la productividad y el crecimiento de largo plazo con políticas públicas que, de manera efectiva y al margen del asistencialismo, reduzcan las grandes diferencias en la distribución del ingreso nacional.

La inversión y las prioridades deberán centrarse en el campo y en la solución del desempleo juvenil, que es en donde se concentra la desigualdad.

Enfrentar la recesión se tiene que dar en esos dos sectores, porque son los más vulnerables ante cualquier manifestación de inestabilidad.

Sin embargo, para dar sentido a las palabras, hacen falta prioridades, montos, fechas de inicio, plazos de revisión y resultados.

De otra forma, no será más que retórica.

Como siempre.