Programas gubernamentales van, cruzadas contra el hambre vienen, y sin embargo, el problema estructural de la pobreza y la desigualdad en México no da muestras de ceder un ápice. Los miles de millones de pesos que el gobierno de Peña Nieto ha gastado en este ámbito, han resultado no sólo insuficientes, sino del todo ineficaces.

Con una economía entrampada en el crecimiento mediocre de menos del 3%, que genera empleos formales de mala calidad, las políticas públicas de combate a la pobreza implementadas por el régimen no pasan de constituirse en meras acciones asistencialistas, no pocas veces electoreras.

Como han puesto de manifiesto las evaluaciones institucionales de los programas sociales, la mayoría de éstos no contribuyen realmente al desarrollo de las capacidades de los grupos menos favorecidos, de manera que puedan acceder a mejores condiciones de vida. En pocas palabras, la movilidad social en México no deja de ser una de tantas metas incumplidas por el régimen heredado de la Revolución.

Esta verdad incontestable, debería obligar al gobierno a evitar situaciones que provoquen un empeoramiento en las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Sin embargo, acciones como los recientes gasolinazos, revelan una alarmante falta de sensibilidad de nuestros funcionarios.

Tan sólo en el mes de agosto, la gasolina Magna tendrá un incremento en su precio del 4.2%, el mayor en 18 años, lo que la colocará en 13.98 pesos por litro. Todos sabemos el efecto en cascada que los incrementos de los combustibles tienen sobre los demás precios de los bienes y servicios. Con esto, quedan pulverizados los incrementos salariales de este año, que rondan precisamente el 4%.     

Ahora bien, si no se puede eliminar la ominosa pobreza de la realidad social del país, por lo menos puede ser maquillada para ocultar su desagradable rostro ante propios y extraños.

Como más reciente ejemplo de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha encargado de reavivar el debate y la suspicacia sobre la veracidad de las estadísticas socioeconómicas. Los cambios en su metodología para medir los niveles de pobreza en el país, ha encendido las críticas por parte de la opinión pública, especialmente entre los analistas de este tema. Es tal el nivel de rechazo generado por la actuación del INEGI, que varias de las objeciones más importantes fueron vertidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Según el propio Consejo, las modificaciones hechas por INEGI no contaron con documentos públicos que las justificaran técnicamente, ni fueron tampoco debatidas con el propio CONEVAL (en muchos aspectos, el principal usuario de la información oficial sobre pobreza), además de que se presentaron de manera totalmente intempestiva. En pocas palabras, INEGI actuó sin transparencia en este proceso.

El cambio metodológico más importante, fue el que los encuestadores tuvieran que regresar a encuestar de nuevo a los hogares que reportaron un ingreso mensual menor a mil pesos, debiendo en esta segunda visita ser más inquisitivos para obtener una cifra de ingreso más “realista”. Esta acción resulta acorde con la convicción del actual gobierno federal (expresada por funcionarios como José Antonio Meade) de que las estadísticas oficiales están sobreestimando actualmente los indicadores de pobreza existente en el país, mientras que subestiman el crecimiento económico.

A primera vista, esta aparente “concesión” por parte de INEGI pareciera poner en entredicho su autonomía, y con ello, socava parte de la credibilidad que había logrado construir este organismo en los últimos años.

Las consecuencias, las modificaciones son importantes, como ejemplo, resulta que con la nueva metodología, los ingresos de los hogares más pobres por arte de magia estadística aumentaron casi un 30% en un año, algo a todas luces imposible. ¿Cómo reducir sensiblemente la pobreza si consideramos que el salario base de cotización al IMSS, entre 2012 y 2015 apenas ha crecido en términos reales un 2.6% para todo el período, cifra por demás paupérrima? A menos que nuestros funcionarios crean que las cotizaciones salariales del IMSS también  están subestimadas…

Las “mejoras” metodológicas realizadas por INEGI, imposibilitan llevar a cabo comparaciones directas de los resultados obtenidos en 2015 con los de los anteriores levantamientos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH). Esto entre otras cosas, hace mucho más difícil evaluar el impacto real de los programas gubernamentales de lucha contra la pobreza. Tal es el principal motivo del malestar del CONEVAL y los investigadores.

Las estadísticas socioeconómicas no son cosa de juego. Datos engañosos, dan por resultado diagnósticos errados, que a su vez llevan a políticas públicas mal diseñadas e ineficaces. Si la mayor parte de la política social de la administración peñanietista (Cruzada Contra el Hambre incluida) ha resultado reprobada por su ineficacia, imaginemos sus resultados reales en los próximos años si se aplican con base en estadísticas cuya veracidad se vea mermada. 

Los mexicanos exigimos que la información brindada por el gobierno en todos sus ámbitos sea cierta, clara y oportuna, sin maquillajes ni “cambios metodológicos” que enturbien la imagen real del país. La transparencia y veracidad en la información es tanto un derecho de los ciudadanos, como una obligación de su gobierno.