La orgullosa sumisión del ministro Zaldívar y el Poder Judicial

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Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.Graciela López / Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia no es un juzgado común y corriente 

El viernes 4 de octubre, el célebre jurista Diego Valadés publicó en su cuenta de Twitter una opinión inexplicable, vergonzosa, que condensa décadas de sumisión de la autonomía de los estudiosos del Derecho al poder político, en unas pocas líneas: “La Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos (sic). Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional”, aseguró. Con todo lo que diré al respecto, a continuación, no deja de ser una opinión, por lo que su implicación es, en todo caso, doctrinal. Lo grave fue que la secundó, ni tardo ni perezoso, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Agregó su propia interpretación, también inexplicable, al decir: “Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición (sic). No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional”.

No se ve de dónde dio el brinco el señor ministro al equiparar “contrapeso” a “partido de oposición”. Ojalá haya sido una confusión teórica, que si bien es penosa, lo es menos que si hubiese sido un intercambio de términos, deliberado, con la intención de enmascarar la sumisión del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo, con el argumento de la separación total entre los criterios jurídicos y los políticos, tan de moda en los años noventa y tan inverosímil en el siglo XXI.

Dos países son especialmente interesante para estudiar el papel de la Suprema Corte en el desarrollo de su democracia, y de su derecho constitucional, Estados Unidos e Israel. En el primero, que cuenta con una Constitución que se ha modificado poco, el máximo tribunal ha sido el que, a través de resoluciones históricas, ha ido moldeando los parámetros de la función dentro de la cual se mueven las variables políticas y económicas de la nación más poderosa del mundo. Fue una sentencia judicial la que posibilitó el control constitucional que el ministro Zaldívar celebra, el caso Madison vs. Marbury. Fue una sentencia judicial la que revolucionó el garantismo penal, en el caso de Miranda vs. Arizona, y fue también una sentencia judicial la que exhibió, de una vez y para siempre, la segregación racial auspiciada por las leyes y los criterios judiciales hipócritas, en el caso de Brown vs. Board of Education. ¿Qué fueron esas sentencias, sino un contrapeso determinante, de todos los poderes y grupos de interés en esa nación? El que diga que fueron sentencias automáticas de aplicación de un derecho preexistente es peor que los segregacionistas. Esas sentencias fueron decisiones políticas.

En el segundo caso, el de Israel, la falta de acuerdos políticos y la complejidad del elemento nacionalista judío ha hecho que no exista aún una constitución política sino solo una serie de leyes fundamentales que, se supone, formarán capítulos de su carta magna cuando llegue a promulgarse. El compromiso de establecer una constitución para Israel se ha retrasado desde el plazo que se fijó originalmente, y que se venció en el año de 1948. Ha sido la Suprema Corte de país (Beit HaMishpat HaElyon) la que ha desarrollado no solamente una doctrina sino un derecho aplicable e invocable en tribunales sobre derechos de las mujeres, libertad religiosa y derechos políticos. De nuevo, ha sido el poder judicial el que ha sido el contrapeso político de la falta de acuerdos de todos los partidos y fuerzas políticas tradicionales.

Ignoro de dónde un distinguido jurista como el ministro Zaldívar cree que le piden a la Corte ser un partido de oposición o de cualquier tipo; es una conclusión ridícula y algo que nadie pide ni insinúa y convertir la exigencia de la separación y equilibrio de poderes en un debate tan pueril es inmoral. La Suprema Corte de Justicia no es un juzgado común y corriente y sus decisiones no solamente contienen criterios y consideraciones jurídicas, si por jurídico entendemos la aplicación exegética de la ley, un cuento simplón que hoy no se cree ni el juez más mediocre. La Corte es, antes que otra cosa, un órgano político que debe hacer valer el derecho, pero las consecuencias de sus decisiones moldean, también, el arreglo político mexicano. Y negarse a asumir la responsabilidad política de sus fallos también es hacer política, aunque sea una política de sumisión de claudicación y cobardía. Que nadie, especialmente el ministro Zaldívar, quiera convencer a la opinión pública de otra cosa. 

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