September 18, 2019 13:49


Demasiados militares dice @JorgeRamosnews o la remilitarización de México

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El presidente le increpó a Jorge Ramos con una respuesta que, hasta ahora, su feligresía le aplaude y reproduce: “altos índices de violencia son consecuencia de políticas equivocadas”. Es un lugar común. Nadie puede negar que las políticas neoliberales tuvieron efectos en la quebrada justicia distributiva, que las diferencias sociales han sido alarmantes en todo el mundo occidental, pero particularmente en América Latina.

Esas diferencias sociales fueron caldo de cultivo para que surgieran desde las entrañas de los países pobres movimientos etnonacionalistas e insurgentes, algunos terminando en guerras civiles interminables y revoluciones triunfantes, así como grupos de poder fáctico del crimen organizado, insurgencias criminales que desafiaron a los grandes capitales, como lo son los cárteles de Medellín, de Calí, de las FARC, del cártel de los Soles, de los narcoguerrilleros peruanos y hasta los cárteles mexicanos. Una política equivocada fue que los gobiernos nacionales compraron un problema de los Estados Unidos: la guerra contra los jefes de los cárteles.

El Proceso de Certificación de las Drogas, el mecanismo con el cual durante las décadas de 1980 a 1999 los Estados Unidos presionaban a los gobiernos de América Latina, en países productores y de tránsito de drogas como México, calificando su grado de colaboración con las agencias estadounidenses en el combate contra estas actividades ilícitas, fue el primer instrumento que se acató. Uno de los funcionarios mexicanos que en ese entonces debían pasar por el visto bueno de los Estados Unidos fue Alejandro Gertz Manero, integrante de la Operación Cóndor y de la mano del general José Hernández Toledo, uno de los militares involucrados en la represión al Movimiento Estudiantil de 1968. A pesar de ello, el grupo de narcotraficantes de Guadalajara, encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, creció y se consolidó hasta que asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Durante la era de las certificaciones, en que se instruyó la lucha contra los narcotraficantes como prioridad y no para ejercer presión a políticas de salud de la población de los Estados Unidos, que es el principal mercado de las drogas del mundo, donde la sociedad tiene el índice de adicciones más alto en toda la historia de la humanidad. Eso pasó a otro nivel, después del 9/11, el 11 de septiembre de 2001, cuando el terrorismo golpeó directamente las puertas del imperio y encendieron las alarmas a toda su seguridad: cerrar espacios aéreos, presionar a México y Canadá para reforzar los ingresos, modificar la política interior y exterior.

En 2003, el gobierno estadounidense, en amplio consenso con todos los factores poder, consideraron prudente lanzar una nueva estrategia para la región: “la declaración Sobre Seguridad en las Américas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003, creó un nuevo concepto de seguridad hemisférica que amplía la definición tradicional de defensa

de la seguridad de los Estados a partir de la incorporación de nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. O sea, casi todos los problemas pueden ser considerados ahora una potencial amenaza a la seguridad”. (Gaston Chillier y Laurie Freeman)

Entre otras amenazas, además del terrorismo, se incorporó el narcotráfico, el flujo migratorio, el avance del neopopulismo utilizando las vías democráticas, crisis ambiental en los países del sur, la inserción de gobiernos latinoamericanos a intereses ajenos a los Estados Unidos o sus aliados (llámense rusos, chinos, árabes), por lo que debían actuar in situ y con mayor inteligencia en la región. Allí surgió primero el Plan Colombia, y en la época reciente el Plan Puebla Panamá del foxismo, enfocada a crear una zona de desarrollo desde el sur-sureste mexicano hasta Panamá que luego se convirtió en la Iniciativa Mérida, más enfocado al combate al narcotráfico y la inseguridad, específicamente, inhibiendo el flujo migratorio de suda y centroamericanos que pasan por nuestra frontera sur.

¿Es política equivocada esta –PPP e Iniciativa Mérida— que se compró a los Estados Unidos para su beneficio en el mediano y largo plazos? Desde varios ángulos puede ser positiva, pero nunca dejará de ser parte de una estrategia de seguridad hemisférica de los Estados Unidos para resolver problemas que ellos mismos han provocado en la región y que son consecuencia de su política intervencionista en los conflictos latinoamericanos desde su óptica de “Doctrina Monroe”. Pero también es cierto que, a Centroamérica, región intervenida y sostenida por los estadounidenses con dictadorzuelos, le urge desde hace tiempo su propio Plan Marshal que les ayude a mitigar la pobreza, la violencia y la desigualdad.

Bueno, todo este rollo histórico viene a colación porque la Presidencia actual de México, por un lado acusa de políticas equivocadas como orígenes de la violencia, la inseguridad, la corrupción y la deuda social del país, pero, bajita la mano, está no sólo retomando los dos planes del foxismo y del calderonismo: el Plan Puebla Panamá con el Tren Maya y la Iniciativa Mérida con la Guardia Nacional, que no es otra cosa que la refuncionalización de la estrategia militar para combatir la inseguridad, afianzar la política de desarrollo social y, por si fuera poco, el desarrollo de infraestructura.

Estamos en la lógica que marcan los Estados Unidos, por eso el Presidente mexicano evita la confrontación con Donald Trump: si se pelean, entonces no habrá apoyos para el Tren Maya y los programas adicionales para el desarrollo de infraestructura en Centroamérica, cuyo fin es contener el flujo migratorio a los EUA.

La remilitarización de la vida pública de México está en marcha, bajo el velo de un plan civil, democrático y populista. Una revisitación a la era postrevolucionaria de nuestro país cuando los militares fueron los reconstructores de la nación. ¿Es esta la medicina para los graves males del país? El tiempo lo dirá, pero por ahora las señales pueden ser contradictorias, porque mientras en campaña el grupo gobernante denostó una y otra vez a las Fuerzas Armadas, hoy pintan para ser su principal sostén en sus programas estrella.

Promesa de campaña y ya en marcha con apoyo de las Fuerzas Armadas es la reforestación del sur, atenderá los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El único estado fuera de la zona la región, incluido en la primera etapa, es Durango, por ahora.

El impulso de nuevas obras de comunicaciones y transportes está dándose para que sean Ingenieros militares los que los desarrollen. Ello incluiría, si logran aterrizar el plan, el aeropuerto de Santa Lucía.

Y ahora, la principal oferta para combatir la inseguridad que es la Guardia Nacional, además de la base militar que la integrará, su comandante será el General Luis Rodríguez Bucio, un militar que, a diferencia de los civiles con quien ha tratado, no goza del mejor prestigio de sus subalternos donde ha pasado, que demostró en la reciente “mañanera” estar poco informado y capacitado para asumir el cargo más delicado y más relevante del gobierno de la República para contener y revertir los altos índices de inseguridad en el país. Más allá de esta situación, que evidenciaría que el General Audomaro Martínez no hace bien su tarea, el arribo de Rodríguez Bucio parece ser una señal de congratulación hacia los Estados Unidos, donde el militar mexicano se ha formado y prestado servicios, además de que su especialidad está en el conocimiento de las tareas de contrainsurgencia y de combate al narcotráfico. O sea, ¿alguna diferencia con los otros mandos que han estado desde De La Madrid a Peña Nieto, y por los pro- estadounidenses Fox y Calderón, en el combate a la narcoviolencia?

El primer defecto detectado al General Rodríguez Bucio es salvable ya que puede aprender pronto, pero llega manchado por la sombra de la improvisación del titular del Ejecutivo federal, cuando tuvo tiempo de sobra para elegir y preparar al candidato a ocupar la comandancia de la GN. Los otros dos, quedarán en duda, pues ya hay alertas entre los activistas del otrora EZLN, las sombras del EPR y hasta la misma CNTE de qué tipo de acciones podrían hacerse desde el campo del conocimiento del nuevo órgano de seguridad. Y finalmente, cuestión de pensar que si este militar es una posición de los Estados Unidos en su relanzamiento del PPP-Iniciativa Mérida, no dudemos que en el corto plazo y con ayuda de éstos, la GN dé resultados y se comience a registrar un cambio en la percepción de la política de seguridad del gobierno de la República, así sea la misma gata revolcada y remilitarizada.

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