En Jalisco se permite que las cárceles sean gobernadas por el famoso autogobierno, por los reos más importantes, con más poder económico y de fuerza, y que desde ahí, los grupos, los capos, y las mafias armen, establezcan, proyecten y operen los asuntos que provocan desestabilización social por delincuencia. De ahí que se haga impostergable que las autoridades de gobierno volteen su mirada a los centros penitenciarios y atiendan y resuelvan en el sentido de revisión y recomposición los asuntos del orden de reinserción, que si bien, es una deuda que el gobierno anterior dejó pendiente, el que está en funciones tampoco le ha brindado la atención que demanda dada la crisis de inmensas dimensiones en el tema de la seguridad que enfrenta esta entidad.
Se ha soslayado todo lo relacionado con la reinserción y readaptación, pero suponiendo sin conocer que en estos 10 meses de gobierno a cargo de Enrique Alfaro se hubiese puesto en marcha alguna estrategia al respecto, es evidente que no ha funcionado debidamente y hace falta más labor al respecto.
En su campaña electoral el hoy gobernador de Jalisco realizó interesantes propuestas estableciendo compromisos tales como:
- Separar las funciones de Seguridad y Reinserción que estaban integradas a la Fiscalía General del Estado y dedicar a ésta a solamente labores de procuración de Justicia, creando así una Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que tuviere en sus atribuciones lo relativo a la reinserción social a través de un ente establecido como órgano desconcentrado a la entidad especializada en esa delicada tarea de la reinserción social.
- Dar autonomía a la defensoría pública y dotarla de los medios para que pueda consolidar el principio y mandato constitucional de equidad.
- Desarrollar sistema de sanciones distintos de la prisión y un adecuado programa de seguimiento y evaluación.
Sin embargo, en efecto se separó la SSP de la Fiscalía, pero no se consolidó el órgano desconcentrado para la administración y control de la reinserción social.
De manera que hasta ahora nada de ello ha sido prioridad para el Gobierno actual que, insisto, tiene a la entidad con los peores números en prácticamente todas las áreas involucradas con la seguridad, y el tema carcelario, y la reinserción no aparecen en la agenda del Ejecutivo.
Un trabajo sobre este tema realizado por el diario Mural, refiere que, “de acuerdo con las proyecciones de la propia Dirección de Reinserción, bajo la figura de un Instituto Penitenciario se mejoraría la infraestructura para evitar la sobrepoblación y eliminar condiciones que propician corrupción y autogobierno.
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas situaciones prevalecen en las cárceles de Puente Grande”.
El director jurídico del sistema penitenciario del estado el Dr. Roberto Lares Gil mencionó en días pasados que eventos con actividades culturales y deportivas se realizan constantemente en los 14 centros penitenciarios de Jalisco, y entre las cuentas alegres que dio a conocer, se jactó de que de diciembre pasado a la fecha se ha reflejado en el Sistema Penitenciario de Jalisco “un notable mejoramiento en los procesos de reinserción en el estado”.
Presumió que a partir del 6 de diciembre al 12 de agosto, sólo han reincidido el 0.85% de las personas privadas de la libertad de las más de 3 mil que han egresado en el estado, “tenemos más del 99% de verdadera reinserción social en el estado”, dijo.
Pero la realidad es que desde ningún punto de vista se pueden tomar esos números con el mismo optimismo que el funcionario, principalmente cuando están de manifiesto las múltiples fallas del Nuevo Sistema de Justicia Penal que como todos sabemos no todo el que delinque termina tras las rejas.
Lo anterior, sin menoscabo de que en Jalisco también se incumple la ley que obliga a que los reos de alta peligrosidad, los vinculados al crimen organizado o a delitos graves de delincuencia organizada, deban estar recluidos en establecimientos carcelarios de acuerdo a su condición, separados de los internos que son reinsertables a la sociedad o de mediana o baja peligrosidad y más aún separados de los inimputables.
Hace tiempo vengo hablando que es apremiante que las autoridades del Estado trasladen a reos de alta peligrosidad que se encuentran en diferentes cárceles del estado para concentrarlos en el reclusorio metropolitano de alta seguridad como lo marca la ley. La Constitución establece que los reos de delitos graves, de delincuencia organizada deben estar en un reclusorio de alta especialización, de alta seguridad, y actualmente están en reclusorios de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán y en el reclusorio preventivo de Puente Grande, mientras el reclusorio metropolitano de alta peligrosidad está sub-utilizado.
Al no cumplirse con este mandato de ley, se prohíja el autogobierno que es uno de los motivos del alto índice de criminalidad en Jalisco. No podemos soslayar el riesgo que representa tener a estos tres niveles de delincuentes en un mismo sitio. Se debe proteger a los reinsertables y separarlos de los que de acuerdo a su perfil y nivel de criminalidad no son candidatos para reintegrarse a la sociedad.
Así como lo manifesté durante mi campaña a la gubernatura de Jalisco, sigo pensando que es necesario crear un modelo de reinserción temprana y la construcción del Hospital Psiquiátrico Penitenciario ya que se cuenta con enfermos psiquiátricos crónicos y psiquiátricos ambulatorios que están también en un lugar inadecuado incumpliéndose el derecho humano a la salud mental y al trato diferenciado por su inimputabilidad, por su enfermedad.
Habrá que recordar que tan solo 10 días antes de que concluyera su mandato, el 19 de febrero de 2013, el entonces gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, celebró por todo lo alto la inauguración del Reclusorio Federal de Alta Seguridad, denominado “Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco” que tuvo un costo de mil 700 millones de pesos y fue diseñado para mil 700 personas en su capacidad máxima. En ese momento se presumió que dicha edificación albergaría a reos de alta peligrosidad y que además serviría para despresurizar otros centros penitenciarios de la entidad. Hasta ahí todo bien. Pero a más de 6 años de distancia luce como un gran elefante blanco.
González Márquez dejó al gobierno que lo sucedería la decisión de cuándo comenzaría a trasladar los presos, solo se congratuló de que la obra estaba terminada. Nada pasó después, el gobierno que lo relevó bajo el mando de Aristóteles Sandoval ignoró ese edificio hasta hace poco más de un año cuando invirtió alrededor de 33 millones de pesos en obras de rehabilitación y modernización.
El exgobernador Aristóteles Sandoval dejó la administración con un saldo desfavorable en el tema de reinserción y readaptación. A él lo perseguirá el fantasma de haber dejado el reclusorio Metropolitano sub utilizado después de que Emilio González se lo entregó en charola de plata. Solo él conoce los motivos y si fue mayor su temor a los presos, a quienes gobiernan el autogobierno, y/o a las organizaciones delictivas. Lo que no se puede permitir es que se repita la historia y por cualquier motivo el nuevo gobierno no se meta de lleno al tema carcelario desde donde se genera la mayor pus que daña y contamina a la sociedad jalisciense. Aunque ya es tarde, nunca lo es tanto como para no poder reconocer las omisiones y considerar la urgencia de actuar para preservar el orden legal en materia de reinserción y con ello poder avanzar en la búsqueda de amainar la inseguridad que priva en Jalisco.