El 2 de enero de 2019 cuando asumió el cargo Arturo Zaldívar, como  Ministro Presidente de la Suprema y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, declaró que él sólo era representante de la Corte y también que:

"Tenemos una gran oportunidad de transformar el Poder Judicial..."

Sin embargo, del mes de enero hasta este 20 de marzo 2019, la corrupción hacia el interior del Poder Judicial de la Federación, sigue calando los huesos anaquilosados de la institución.

Ciertamente, son problemas que viene arrastrando el PJF desde hace años y se acrecentó con el antecesor del actual representante de la Suprema, el Ministro Luis María Aguilar Morales, quien fue el maestro del maquillaje numeralio y de los dineros.

Hasta hoy, miércoles 20 de marzo, Arturo Zaldívar no ha hecho público, que de oficio se esté investigando las adjudicaciones de contratos de remodelación y construcción a empresas consentidas por Luis María Aguilar.

Así como tampoco se sabe dónde está el dinero destinado para la Construcción de los Nuevos Centros de Justicia Penal.

Pero la corrupción dentro del PJF ha permeado en varios niveles, y para muestra basta un par de botones más, desde el año 2017 existe una investigación en curso en la Procuraduría General de la República sobre corrupción de jueces y magistrados federales.

Y, en diciembre de 2018, en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, mismo que fue firmado por el senador Ricardo Monreal solicitó tanto a  la PGR, como al CJF, un informe detallado sobre la probable corrupción  de algunos jueces y magistrados federales, así como, la vinculación de varios de ellos, con el crimen organizado.

Situación que no está por demás decir, viene repuntando en varios estados del interior del país.

Sin embargo, la corrupción de jueces y magistrados federales en el Primer Circuito, es ya escandalosa.

Muchos de ellos, llevan años adscritos a la Ciudad de México y han tejido a su alrededor negocios jugosos.

Es, ahora en CDMX, donde se ubican varios actos y actores de corrupción, que involucran a jueces y magistrados federales, los cuales, van desde ser socios en Universidades privadas con litigantes, hasta el tráfico de sentencias.

La venta de las sentencias federales, es un negocio muy jugoso y bastante lucrativo, según mis fuentes que pidieron el anonimato, se señalan a varios jueces civiles federales, como amantes del business y del  dinero.

Además, se dice que actualmente se encuentra en curso ante la PGR, la integración de una carpeta por corrupción en la cual, se involucra a 2 jueces federales en materia civil en la ciudad de México,  que  con sus resoluciones han beneficiado a una de las partes, chicaneándose entre ellos el asunto, se habla de una cifra millonaria .... pero, en dólares.

¿De a cómo no fue la mochada?

Flotan en el aire, las preguntas obligadas...

¿Podrá Arturo Zaldívar, el actual representante de la Suprema y del CJF, abatir la corrupción en el PJF?

¿ O sólo, será una más, de las tantas, Presidencias de la Suprema y del CJF, fallida?

¿Dónde quedó la imparcialidad de algunos juzgadores federales, si se venden cual furcia al mejor postor?

Cuando un juez o magistrado federal negocia o vende una sentencia, daña no sólo los principios y derechos fundamentales de los ciudadanos, sino también a la institución y a la sociedad harta y cansada del flagelo llamado corrupción.