El 13 de diciembre de 2018, el todavía por 4 días más ministro presidente Luis María Aguilar Morales rindió su cuarto y último informe, y en el clímax del cinismo, mintió, ante no sólo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sino también al pueblo mexicano.
Luis María Aguilar declaró públicamente a la nación que había realizado un estricto ejercicio de los recursos destinados a los Centros de Justicia Penal al existir 42 de estos operando, Luis María jugo no sólo con el manejo del idioma, sino también con la inteligencia de todos.
De los 42 Centros de Justicia Penal que indicó están funcionando, no todos son nuevos, la mayor parte de esos centros son edificios alquilados y remodelados para habilitarlos para su función.
Luis María Aguilar olvidó aclarar un pequeño detalle...
¿Dónde están construidos los 32 nuevos Centros de Justicia Penal que por mandato presidencial se comprometió a entregar a la nación para julio de 2018?
¿Dónde están los aproximadamente 576 mil millones de pesos destinados para la construcción de los 32 nuevos Centros de Justicia Penal?
Considerados como la joya de la corona, la construcción de los nuevos Centros de Justicia Penal Federal, obras que fueron otorgadas por licitación y después, adjudicadas a empresas patito o cuates, para manejar el dinero a su antojo, cuyos proyectos arquitectónicos siempre fueron presentados con la firma de sólo tres despachos de arquitectos.
Cada Centro de Justicia Penal Federal, mejor conocido por sus siglas, como CJPF, fue adjudicado a las constructoras por la friolera de 140 a 200 millones de pesos, debían construirse edificios de 2 a 3 niveles, 1 por cada circuito, es decir, un total de 32 CJPF, por un monto superior a los 576 mil millones de pesos, ahí nada más.
Los nuevos 32 CJPF debieron ser inaugurados todos en julio de 2018, sin embargo, solamente han sido puestos en función 3, 1 en Coahuila, 1 en Chiapas, 1 en Baja California Norte.
Pese a que las empresas han incumplido con la construcción de los centros, no les ha sido rescindido el contrato, para muestra el CJPF de San Luis Potosí que se encuentra al 30% de su construcción, y el de Chihuahua, que fue suspendido, para reiniciarse este año, sin aún terminarse.
Pero Luis María Aguilar no sólo omitió alevosamente aclarar este aspecto, sino también lo relativo a la construcción de los nuevos palacios de justicia pues en el año 2017 se detectaron transas en la construcción de las 3 sedes, en Coahuila, Tlaxcala y Colima, no solo fallas en su edificación, sino también en los proyectos; solamente en estas obras se invertirían más o menos la friolera de mil 200 millones de pesos.
Siete constructoras fueron siempre las beneficiadas de las obras, a las cuales, muchas veces se les adjudicaba de forma directa, sin respetar la ley.
Pero, los negocios están no sólo en la construcción, sino también en las remodelaciones hechas constantemente en todo el país, los edificios sede de los palacios de justicia están siendo remodelados, y para muestra, vale la pena mencionar, lo que ocurre en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, de Cdmx, pues se cambió el piso del estacionamiento y se está remodelando también, pingüe negocio se montó Luis María Aguilar ayudado por su operadora financiera Rosa María Vizconde.
Mi humilde opinión es que el PJF debe ser auditado de manera minuciosa por una comisión especial para determinar dónde fueron a parar los miles de millones de pesos destinados para la construcción de los CJPF y los moches dados por las 7 constructoras para la edificación de los palacios de justicia federales, entre otros negocitos.
¿Será que aparezca quién es el titular de cierta cuenta en Suiza?
Otra falacia, que se aventó Luis María Aguilar Morales amparado en el fuero del que ha abusado por ser ministro, y más por ser ministro presidente, es la relativa a presumir la crema y nata que son los 220 nuevos jueces federales nombrados durante su presidencia, a quienes incluso calificó de excelsos juristas y campeones de los más estrictos y complicados exámenes a los que fueron sometidos, e incluso avaló con su boquita que tenían un alto grado de ética.
¿Cuántos realmente de estos 220 nuevos jueces son capaces?
¿ Y cuántos de ellos son producto de la compraventa de exámenes para jueces federales?
Miente Luis María Aguilar al señalar que estos nuevos 220 jueces federales son la crema y nata de la judicatura, que son gente honorable, de gran valía y moral intachable, falso y para muestra basta un par de botones, Noel Castro Melgar, quien fuera el juez segundo de distrito en procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, y actualmente, se encuentra suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal como juez tercero de distrito en el estado de Sonora, mejor conocido como el Juez de Oro, porque a cambio de otorgar plazas a los trabajadores pedía centenarios de oro, este “honorable juez” fue a su vez nombrado por el “honorable ministro presidente”, así todo queda entre pares. Otra inefable botoncito de oro es la hoy magistrada Lilia Maribel Maya Delgadillo designada el 3 de diciembre por Luis María Aguilar, pese a tener quejas en su contra como acosadora laboral y que fue nombrada como juez por equidad de género, a pesar de que el concurso donde ella participaba fue declarado nulo.
En el recuento de los daños, la presidencia del ministro Luis María Aguilar Morales se ha caracterizado como un manto negro en la institución, los niveles de nepotismo alcanzaron su máximo apogeo, el tráfico de plazas es sencillamente escandaloso, la corrupción permeó y debilitó a la institución, el exceso de soberbia lo caracterizó, no sólo por su afán proteccionista hacia muchos jueces y magistrados federales señalados por los trabajadores como acosadores sexuales y laborales, sino también porque pulula en los pasillos del PJF, mucha gente carente de sentido real de servicio al país, quienes incluso públicamente hacen gala de riquezas que no se justifican con el sueldo: por bueno que este sea, es demasiado dinero de dudosa procedencia...
¿Dónde quedó aquello que servir a la patria es un honor?