En forma un tanto sorpresiva, el magistrado José Antonio León Ruiz fue designado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, en un suceso que ha desatado todo tipo de interpretaciones respecto al o los precursores que operaron su llegada a la cúpula del Poder Judicial, pues se considera que de ello dependerá su desempeño respecto al procesamiento de los ex servidores públicos encabezados por el ex gobernador Roberto Borge Angulo. No es un asunto menor.

Las versiones son en dos sentidos: el ex gobernador y actual senador, Félix González Canto, tejió finamente el ascenso de alguno de los varios magistrados identificados con él y con Roberto Borge, para prolongar la impunidad que el aún presidente del TSJ, Fidel Villanueva Rivero, le ha procurado a Borge y a su amplio grupo de colaboradores acusados de diversos ilícitos.

La otra especie, más lógica y creíble, apunta hacia un “consenso” propuesto a iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González, pues de otra manera no se explica que León Ruiz haya contado con el voto unánime de los 12 magistrados del Tribunal, incluidas las magistradas Verónica Gloria Acacio y Dulce María Balam Tuz, así como el magistrado Luis Gabino Medina Burgos, identificados con la actual administración estatal y, por cierto, favoritos al inicio para relevar a Fidel Villanueva.

No hubo las condiciones para que alguno de los tres ocupara la presidencia, ante la superioridad numérica de la “vieja guardia” de magistrados, por lo que al parecer sólo hubo posibilidad de pactar con la propuesta más aceptable del antiguo grupo de magistrados, y esa propuesta fue José Antonio León Ruiz.

Y es ahí donde brinca el nombre de Félix González Canto, quien supuestamente convenció a la mayoría de las y los magistrados para apoyar a León Ruiz. Pero también se menciona que la elección de León Ruiz fue “planchada”, uno o dos días antes, de la sesión del pasado lunes 7 para elegir al nuevo presidente.

En una presunta reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, se definiría la decisión a favor de José Antonio León, y se acordaría además el voto unánime de todos los magistrados, lo que inevitablemente hace suponer que a cambio de esas enormes facilidades para hacerse del cargo, el nuevo presidente debió hacer muy serios compromisos.

El magistrado presidente electo deberá, entonces, trabajar en sintonía y “armonía” con la administración estatal, pues no parece viable que, de servir a los intereses del ex gobernador Félix González, esté dispuesto a enfrentar y aguantar la presión del Gobierno y Congreso estatales, como ocurrió con otros funcionarios como el entonces fiscal General del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Zetina González.

Estos dos funcionarios, como se recordará, formaban parte del “Paquete de Impunidad” que Roberto Borge armó semanas antes de dejar el poder, para cuidar sus espaldas ante las graves acusaciones que finalmente lo tienen tras las rejas en Panamá.

Alvárez Escalera y Zetina González no soportaron la presión de la actual administración estatal, y optaron por renunciar, pues de poco les valió el apoyo de Félix González y del mismo Roberto Borge, cuya suerte ya estaba echada.

Es muy discutible, por eso, la supuesta afinidad que tendrá el nuevo presidente del TSJ con los intereses de la dupla Félix-Borge, y para empezar el mismo León Ruiz declaró, instantes después de su elección como presidente, que investigara a Fidel Villanueva Rivero, el aún titular del TSJ y primo de Félix González Canto.

El tiempo dejará ver la realidad tal cual.

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