La conformación de Quintana Roo como entidad federativa, el 8 de octubre 1974, significó la culminación de un añejo anhelo de muchos quintanarroenses que lucharon por el reconocimiento político y para poder ser protagonistas directos en la construcción de la historia local. A cuarenta años de su surgimiento como entidad federativa resulta de gran relevancia recordar y evaluar de forma crítica esos pasajes de la historia que son parte de la construcción de nuestra identidad como quintanarroenses.
El territorio federal
Durante la presidencia de Porfirio Díaz, se creó por primera vez el territorio federal de Quintana Roo, territorio que históricamente había pertenecido al estado de Yucatán. Desde el primer lustro de vida del territorio federal de Quintana Roo, las normas vigentes señalaban que las autoridades políticas locales (jefes políticos, primero, y gobernadores después) no serían elegidas por medio de votación, sino designadas por el Poder Ejecutivo Federal. Esta característica tuvo, entre muchas otras, una consecuencia inmediata: que los mandatarios del territorio y su personal de confianza provinieran de otras regiones de México y que no conocieran a profundidad la realidad y las necesidades de la población local. Esta situación prevaleció poco más de setenta años, no sin que se produjeran ciertos cambios con el correr del siglo; es decir, tuvo que pasar un largo periodo para que Quintana Roo adquiriera la categoría de Estado (Higuera: 1995) y para que políticos locales pudieran asumir los principales cargos políticos, en particular, la gubernatura.
Con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, esta dinámica en la forma de determinar quiénes gobernaban el territorio de Quintana Roo no se modificó sustancialmente. Como se sabe el partido de la revolución centralizó y ejerció el control del poder político de México durante siete décadas. En Quintana Roo, tal y como sucedía en el panorama nacional, el PRI fue el partido hegemónico que durante décadas no tuvo una verdadera competencia y que se legitimaba mediante reglas aparentemente democráticas, como la celebración de elecciones periódicas.
El Comité Pro-Territorio
Campeche y Quintana Roo durante mucho tiempo fueron considerados como territorios que pertenecieron y debían pertenecer a Yucatán. De hecho, en distintos períodos hubo anexiones de éstos a Yucatán, lo cual generaba un sentimiento de incertidumbre e indefensión entre los habitantes de Quintana Roo. Como señala Antonio Higuera (1992) ?para Quintana Roo uno de los períodos definitorios de su historia es la desmembración del Territorio Federal durante la década de los años treinta, ya que este hecho significó la cohesión de los diferentes sectores de la sociedad en torno a una lucha común?.
Precisamente uno de esos intentos anexionistas favoreció que el 6 de octubre de 1931, en la ciudad de Payo Obispo (Chetumal), se conformará un movimiento social que se autodenominó como Comité Pro-Territorio de Quintana Roo, cuya finalidad fue evitar que se dividiera la entidad. Sin embargo, como temían los pobladores de Quintana Roo, el 14 de diciembre de 1931 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de anexión de Quintana Roo a los estados de Campeche y Yucatán. La parte sur del estado quedo bajo la jurisdicción de Campeche y la parte norte bajo la de Yucatán.
Pese a este aparente fracaso el Comité Pro-Territorio mantuvo su organización con el objetivo de recuperar el status de territorio. Si bien el epicentro del movimiento fue Payo Obispo también se formó un subcomité en la isla de Cozumel. La acción colectiva del Comité emprendió actividades como el envío de telegramas y gestiones ante el presidente de la República en turno. Es importante señalar que este movimiento es un antecedente indispensable para comprender la importancia que tenía para los habitantes de Quintana Roo el mantenerse como territorio, reivindicación que luego se transformaría en la demanda para convertirse en entidad federativa.
En marzo de 1934, el candidato a la presidencia general Lázaro Cárdenas del Río, visitó la ciudad de Payo Obispo (Chetumal) y recibió los planteamientos del Comité Pro-Territorio, comprometiéndose a que, en caso de resultar electo, promovería la reintegración de Quintana Roo a su status de territorio federal. Finalmente, resultó electo y el 16 de enero de 1935 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de restauración de Quintana Roo como territorio, lo cual representó un triunfo para las demandas del Comité, y generó hacia Lázaro Cárdenas un sentimiento de agradecimiento que aún prevalece entre muchos quintanarroenses. Sin embargo, al extinguirse la bandera de lucha del Comité, éste se fue desdibujando paulatinamente y algunos de sus miembros que pretendieron trascender en la arena política se enfrentaron al rechazo del gobernador Rafael E. Melgar. El simbolismo de su lucha es algo que se mantuvo muy presente en el imaginario colectivo de los habitantes nativos de la entidad y de quienes más tarde se erigirían como la clase gobernante de la entidad.
Un gobernador nativo, una demanda histórica
A lo largo de la década de los años cincuenta se empezaron a organizar grupos de personas nativas del territorio a fin de manifestarse ante el gobierno federal por la forma en que Margarito Ramírez, gobernador del territorio, manejaba la administración pública. Esta opisición tenía como una de sus principales demandas que los gobernadores del territorio, quienes eran designados por el gobierno federal, fueran nativos de Quintana Roo. Esta demanda fue el origen de movimientos sociales como el Comité Pro-Gobernador Nativo formando en Cozumel (1946), el Frente Renovador Quintanarroense (1948) y el Comité Pro Defensa Territorial de Quintana Roo.
De esa demanda añeja surgió la fundamentación del discurso nativista en el que se consideraba que los políticos foráneos habían abusado de los quintarroenses y por eso era necesario lograr tener un gobernador nativo. Más tarde, cuando la coyuntura crítica de 1974 permitió el ascenso de la clase política local a puestos de decisión como el Poder Legislativo y Ejecutivo, el discurso nativista de ?Quintana Roo para los quintarroenses? se cristalizó entre una parte importante de la clase política y se volvió parte de su retórica.
Sin embargo, el crecimiento demográfico que se generó a partir de la década de los años setenta con el inicio del proyecto Cancún y más tarde con la expansión demográfica de otras ciudades como Playa del Carmen y Tulum, le han ido ganando la partida al nativismo, pues la sociedad quintanarroense contemporánea se encuentra integrada por personas provenientes de otras entidades federativas e incluso de otros países. Los efectos demográficos sobre la política han tratado de ser frenados mediante distintas reformas para mantener el control político, como reglas electorales que favorecen al régimen priista, sin embargo es inevitable que en un futuro próximo la realidad desborde esas barreras artificiales y se geste una trasición hacia un sistema más abierto, plural y democrático.
Además la historia de las últimas cuatro décadas ha demostrado que los malos gobernantes, las malas administraciones y el saqueo de los recursos públicos no sólo eran una cuestión que estaba en función del origen geográfico de la clase política o de su falta de identidad con la realidad local. Hoy es evidente que la falta de visión y compromiso social también han estado presentes en una parte importante de la clase política nativa, la cual se formó y desarrolló bajo una cultura política autoritaritaria y con patrones oligárquicos, que se han heredado y reproducido a través de las?nuevas generaciones? que les han sucedido en el poder.
Este contexto, sumado a cuestiones como la falta de una oposición política, la existencia de organismos públicos ?autónomos? que están subordinados al poder y no a las necesidades de la sociedad, así como una ciudadanía de baja intensidad, han contribuido a que Quintana Roo pueda ser catalogado, con base en Steven Levitsky (2010), como un ?regímen autoritario competitivo?, es decir, un sistema híbrido caracterizado por un campo de juego desigual entre los actores políticos, que oscila entre la democracia y el autoritarismo. Si bien, a partir de 1974 Quintana Roo dejó atrás su pasado de subordinación territorial y político-administrativa, no se puede decir lo mismo de su evolución hacia un sistema democrático, lo cual sigue siendo una labor pendiente.
