La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha causado gran polémica en medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, y para algunos analistas este acto podría convertirse en una especie de Fobaproa para el nuevo gobierno federal, debido a que se está financiando con impuestos la suspensión de la construcción de la terminal aeroportuaria.

La analista Denisse Dresser publicó el pasado 4 de enero un tuit que decía: “Propongo que la recompra de bonos -que no es deuda- le llamemos PUEBLOProa dado que vamos a financiarlo con nuestros impuestos, y sin recibir algo a cambio. Cambiar la etiqueta no cambia la realidad”.     

La comparación parece exagerada, ya que la cantidad a pagar es muy distinta y las condiciones en las que se dieron también son bastante disímiles.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue un fondo creado a inicios de la década de los 90 con la finalidad de ayudar a enfrentar las contingencias en el sistema financiero mexicano. Derivado de las crisis financieras de esa época, la solvencia de los bancos comenzó a agravarse y fue cuando dicho fondo compró cartera vencida de los bancos por medio de pagarés.

Desde la privatización de la banca en 1991 y 1992, instituciones como Banamex, Bancomer y Banorte , entre otros, comenzaron a otorgar créditos de forma desmedida y sin controles rigurosos. Dueños de Bancos como Carlos Cabal Peniche, de Banca Cremi y Unión, Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, propietario de Banpaís y Jorge Lankenau, de Banca Confía, realizaron múltiples fraudes y malos manejos en sus instituciones financieras que no fueron detectados a tiempo por las autoridades hacendarias del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo que provocó pérdidas millonarias.        

Cuando estalló la crisis de 1995 las tasas de interés se dispararon a más de 100 por ciento y volvieron impagables los créditos hipotecarios y de consumo, los índices de morosidad se catapultaron y provocaron una insolvencia que dejó a la banca al borde de la quiebra.

El Gobierno Federal, que en ese entonces era presidido por Ernesto Zedillo, acudió al rescate de los banqueros y los ahorradores con recursos públicos: compró la cartera vencida de los bancos a través de pagarés del Fobaproa. Con esta decisión, la administración del Fobaproa pasó al recién creado Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El Gobierno Federal compró a los bancos su cartera vencida por 100 pesos, recuperó 10 y los restantes 90 los pagó con cargo al erario, es decir, a los contribuyentes.    

Para rescatar a los bancos y a los ahorradores con esta y otras acciones, el Fobaproa emitió deuda por un total de 552 mil millones de pesos que equivalían a 60 mil millones de dólares. Para ese entonces, el monto ya era cinco veces superior a lo que el gobierno obtuvo por privatizar a 18 bancos.

El Fobaproa se asumió como deuda pública a partir de 1999, y ese año se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por algunos economistas en 2006 pronosticó que serían 70 años, asumiendo que el país tuviera un crecimiento económico anual de 4 por ciento.

La deuda de los mexicanos por el rescate bancario es muy grande. Tan sólo de intereses se pagaron 35,850 millones de pesos con recursos públicos durante 2017, un monto superior a la suma del presupuesto total para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las secretarías de Turismo y Energía.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el rescate bancario ha costado 2 billones 88 mil 947 millones 742 mil 271 pesos, según los pagos realizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de 2000 a 2016.

Algunos analistas afirman que el Fobaproa le costó a México 14.5 por ciento del Producto Interno Bruto. 

“La deuda heredada del rescate bancario equivale a casi una quinta parte del presupuesto de egresos de la federación en 2018, revela una investigación del HuffPost”, publicada el 11 de noviembre del 2017.  

La emisión de deuda por medio de los llamados Bonos Verdes para la construcción del NAICM, y que ahora con la cancelación del proyecto, habrá que pagar a los inversionistas, es muy distinta al Fobaproa en montos y efectos negativos.

El suspender la obra aeroportuaria fue una promesa de campaña del hoy Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por los supuestos daños ecológicos, lo poco transparente en el financiamiento.

El 3 de septiembre de 2014, al presentar la SCT el Plan Financiero para la Construcción del NAICM, señaló que el costo de la obra ascendería a 169 mil millones de pesos (13 mil millones de dólares, al tipo de cambio de 13.00 pesos por dólar), cifra que no consideraba los estudios, consultorías y asesorías que se habían venido atendiendo, y se continuarían realizando con recursos del fideicomiso 19361 (Fideicomiso para construir el NAICM).

La forma que usó el Gobierno de Enrique Peña Nieto para el financiamiento de la obra fue a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que emitió los llamados Bonos Verdes en los mercados internacionales por 2 mil millones de dólares, para financiar las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Los bonos se emitieron a dos plazos: uno por mil millones de dólares a 10 años y otro por mil millones a 30 años, con tasas de interés de 4.25 por ciento y 5.50 por ciento, respectivamente. Según las reglas de los bonos ofertados, estarían garantizados por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Para septiembre del 2017, el GACM colocó en los mercados internacionales de capitales otra emisión de bonos verdes por 4 mil millones de dólares, lo que dio un total de 6 mil millones de dólares.  

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México colocó, en marzo del año pasado, un Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía (Fibra E) por 30,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para financiar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) participaron en la emisión de la Fibra E para la construcción del NAICM, con una inversión de 13,500 millones de pesos de una oferta total de 30,000 millones.

El Gobierno de López Obrador consiguió el pasado 19 de diciembre, que los tenedores de Bonos aceptaran la oferta para la recompra de títulos por un monto de 1,800 millones de dólares.

La aceptación de los bonistas fue un paso clave en los planes del Gobierno de cancelar la obra en Texcoco, y seguir adelante con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.

El pasado 4 de enero de este año el GACM y el Fideicomiso Irrevocable Emisor de la Fibra E para determinaron la cancelación del mecanismo de inversión que se emitió a principios de 2018.

El pago a los tenedores de Bonos verdes y que no les recompraron sus títulos, se les tendrá que seguir pagando en algunos casos hasta 30 años, con el TUA que pagan los viajeros que utilizan el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se tendría una nueva terminal aérea.     

Como vemos hay mucha diferencia entre el Fobaproa y lo que llama Denise Dresser PUEBLOProa, tanto en montos e impactos negativos a la economía. El TUA no es un impuesto que se contemple para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación y en cambio los pagos para la deuda del Fobaproa si se tiene que tomar ingresos de los contribuyentes, que sí podrían usarse para la construcción de escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura.  

En los últimos días del 2018, el excandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade, publicó en su cuenta de twitter un ejercicio económico que hizo en una servilleta, del impacto que tendría la cancelación del NAICM.

El tuit de Meade decía textualmente “Podría seguirle dando vueltas, pero mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145,000 millones de dólares.  (Para iniciados: tasa de descuento del 15% real, y como costo, la mitad de la diferencia de aportación al PIB entre construirlo o no)”.  

Para muchos analistas, estas son cuentas muy exageradas, ya que el exfuncionario utiliza cifras muy exageradas para su análisis y no toma otros aspectos como es, lo que costaría el mantenimiento del NAICM, en un suelo fangoso como el de Texcoco.

La recomendación para José Antonio Meade, es que tome otra servilleta y haga un análisis similar, de lo que le costó al país la decisión de cancelar la Refinería Bicentenario, en Tula, esto aunado al robo de gasolina (huachicoleo) durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y por último el subsidio que se otorgó al consumo de gasolina en el gobierno de Calderón Hinojosa.

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró en enero de 2017 que, en la administración, de Felipe Calderón, se perdieron casi un billón de pesos en subsidio a la gasolina.