El discurso del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos,  donde reconoce la responsabilidad del Ejército en el caso de la mujer torturada en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, marca un antes y un después en la cultura política del país.

Una cultura caracterizada por la ambigüedad, la falta de honestidad y el miedo a la verdad.

Después de que Cienfuegos calificó públicamente de repugnante la tortura ejecutada por una soldado a una mujer integrante del cártel de La Familia Michoacana, es difícil que los políticos mexicanos puedan seguir utilizando un lenguaje evasivo para minimizar la gravedad de la realidad que en éste, como en muchos otros casos, enfrenta el país.

Este parteaguas que hace el titular la Defensa en la ética política abre la oportunidad para que el gobierno federal sea el que ponga sobre la mesa del Senado la propuesta más vanguardista en materia de anticorrupción.

PAN y PRD han formado en este tema un frente que en el fondo tiene un claro propósito: poner en el paredón a Enrique Peña Nieto. Si ellos fueran gobierno, como ya lo fue Acción Nacional, no aceptarían, con toda seguridad, muchas de las propuestas que hoy hacen para llevar al gabinete y al Ejecutivo federal a la cárcel.

El contexto nacional e internacional obliga, sin embargo, al gobierno de la república a ser más audaz y más vanguardistas que sus detractores.

México ha estado y seguirá bajo la lupa internacional. Hay fuerzas externas que han ayudado a construir escenarios para acusar al país de ser un violador a ultranza de los derechos humanos.

Independientemente del tipo de responsabilidad que hayan tenido las autoridades de los tres niveles de gobierno en el caso Ayotzinapa, no puede eliminarse del todo lo que dijimos un día en estas mismas páginas: se trató de una trampa, perfectamente instrumentada por agentes internos y externos, con la estrecha colaboración del crimen organizado, para desestabilizar el país.

En un escenario claramente adverso para México y su gobierno; en una coyuntura donde ONU, OEA y el Parlamento Europeo acusan al país de ser una fosa de cadáveres y el paraíso de la impunidad, sería un grave y muy lamentable error que PRI y gobierno se opusieran, retrasaran o restaran fuerza a la Ley Anticorrupción.

Después de la violación a los derechos humanos, la corrupción fiscal y administrativa son los delitos más perseguidos por el derecho internacional. Lo que sucedió al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y lo que hoy enfrenta la presidenta de Brasil Dilma Rousseff indican que, dentro de muy poco tiempo, un “Panama Papers” puede dar pie para intervenir en México.

Para decirlo con más simpleza: sería mejor que la solución a la corrupción viniera de adentro y no de afuera.