Opinión

Presidente AMLO y los agentes de la seguridad e inteligencia de EUA en México

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Por Jorge RetanaDecember 08, 2020 at 9:34 pm CST

Decía Codolezza Rice, Secretaria de Estado del gobierno de George W.Bush, que una potencia como EUA no es ajena a nada que suceda en ninguna parte del mundo, lo que constituía la doctrina de injerencia en asuntos internos de otros Estados, elevada a concepto imperativo en las relaciones internacionales de EUA. Históricamente son cinco las formas materiales que toma ese intervencionismo (aunque no solo de EUA): la presencia y acción de agentes de inteligencia en territorios externos, la acción política de las cancillerías, la de su poderoso ejército, su crédito, comercio e inversiones, y sus escuelas de educación superior. Pero la acción de sus agentes de inteligencia integrantes de agencias de seguridad está en la vanguardia, y precede a las otras formas de intervención. ¿Desde cuándo? Varía entre países. Siempre la información suministrada es fundamental en política exterior y política interna, respecto de vecinos, socios y adversarios o enemigos. En México, un historiador como Friedrich Katz (y otros) ha documentado la actividad de tales servicios estadounidenses y europeos en México desde hace más de un siglo.

Dicha actividad de inteligencia interior realizada por agencias externas con quienes se tienen acuerdos de acción y cooperación, bilateral o regionalmente, trasciende con mucho las restricciones que establezca para ellos el marco legal-constitucional del país, porque traen encomiendas precisas encuadradas en estrategias de acción exterior para la defensa de sus más amplios intereses nacionales que no someten a tales restricciones. No obstante, siempre será mucho mejor fijar límites normativos de carácter soberano que no tenerlos. Lo anterior a propósito de la Iniciativa de Ley que envió el Presidente AMLO a finales de la semana anterior al Senado para su discusión, y aprobación, en su caso, denominada “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional”.

Este tema tuvo un viraje a partir de los informes secretos filtrados por el ex contratista de la National Security Agency (NSA) Edward Snowden, y cuando la revista alemana Der Spiegel hizo revelaciones al respecto del espionaje que el gobierno estadounidense desarrolló a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en temas de su acción política en lo individual y como grupos políticos, sobre narcotráfico y seguridad nacional, sino también, sobre temas económico, de comercio e inversión. De esa información que está disponible, destacan dos programas de espionaje sobre funcionarios del gobierno de FCH ejecutados: Flatliquid para intervenir los correos electrónicos de Calderón y miembros de su gabinete, y Whitetamale para espiar a funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Y en el caso de EPN, el entonces secretario de economía Ildefonso Guajardo, al conocerse estas filtraciones declaró:

“Los protocolos de seguridad los establecen las áreas responsables del gobierno, nosotros somos usuarios de esa tecnología (celulares, correos electrónicos), las características de esa tecnología de protección a la comunicación son responsabilidad de las áreas de seguridad del gobierno.”(Revista Expansión, 21 de octubre, 2013).

A su vez, el periodista Glenn Greenwald, a quien Edward Snowden entregó los informes secretos de la NSA, afirmó que: “Hay documentos que indican que uno de los temas sobre los que más espían en México es energía y petróleo. Ellos (la NSA) están interesados en esos temas no solo acerca de seguridad nacional o drogas, como la gente podría pensar. Están interesados en temas económicos y recursos energéticos”, dijo Greenwald en entrevista con CNN México a principios de septiembre (revista Expansión, 4 de septiembre, 2013). En vísperas de la “reforma energética” de EPN.

Hoy como ayer, energía y petróleo, aunque la prioridad de su acción estratégica sea el narcotráfico, el crimen transnacional. Entonces, lo que sucedió y se reveló después sobre el general Salvador Cienfuegos, no enfocado especialmente sobre él, pero en general sobre el primer círculo de EPN, en realidad se había “avisado” y “conocido” ya como operaciones de inteligencia criminal en marcha a pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante nota diplomática exigió al gobierno de Barak Obama una investigación esclarecedora. Lo mismo en el caso de Genero García Luna durante el gobierno de FCH, y sobre los dos presidentes mismos. Por decirlo así, “las cartas estaban sobre la mesa”, faltaban los resultados de esas “investigaciones” que se conocieron después (lo cual no quiere decir, forzosamente, que sean jurídicamente verídicas). Hablamos de antecedentes de dominio público.

Aquello no se enfrentó a tiempo –en realidad no podía detenerse- se actuó con temor, tibieza y formalismo. ¿Cuál habría sido una respuesta adecuada y digna ante “el ataque al enroque del rey” hecha por EUA?, turnar o abrir las carpetas de investigación sobre los funcionarios mencionados de cada gobierno con absoluta determinación política, a la entonces PGR, realizar la propia investigación, en secreto si fuera necesario, como investigó FCH a Vicente Fox (según fuentes periodísticas), por ejemplo, no “hacerles el vacío” en México a tales procesos, y después hacernos los sorprendidos u ofendidos (hablo de los gobiernos).

Para ello debían haber estado muy lejanos los presidentes de lo que podían hacer sus subalternos, y eso es lo que se está cuestionado a fondo hoy en México, aún sin probarse, ciertamente. ¿O no se conoce el unilateralismo determinante con que actúan los gobiernos de EUA y sus agencias en estos casos? Por favor. Así que todas las investigaciones desarrolladas por lustros y sobre toda una parte sustantiva de la clase política mexicana gobernante, puede dar aún mucho de qué hablar, en manos de las agencias de EUA, y sobre los más diversos tópicos.

En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, también existe información revelada por WikiLeaks en diciembre de 2010, expuesta en el sitio web de Julian Assange, sobre un cable desde el Departamento de Estado de EUA (fechado en diciembre de 2009, es decir, se hizo público un año después) hacia su embajada en México en el que se pedía “investigar las presiones que afectaban la personalidad” de Calderón. La revista alemana arriba mencionada, comentó que este trabajo de inteligencia de los agentes de EUA sobre Felipe Calderón, lograron integrar 260 documentos al respecto sobre este proceso.

En el caso de EPN, el trabajo de información sobre él, comienza desde antes de la campaña, pero arrecia durante la misma (mediados de 2012), además de nueve integrantes de su equipo, que incluyó, intervenciones telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto (mismas fuentes de información citadas).

Aquí habría que buscar un acuerdo global sobre toda esta información acumulada por las agencias de EUA, antes de que siga saliendo caso por caso, en términos de los convenios bilaterales suscritos de “intercambio de información”, tal vez, plantearnos incluso, “investigaciones judiciales en paralelo”, si fuera posible. “Dejarlo al tiempo” creo que sería una gran equivocación, toda vez que ya quedó demostrado que dichas agencias van por casos de alto impacto político y criminal que generan “mucho ruido” en México.

¿Cómo le estará yendo al Presidente AMLO hasta hoy? Lo sabremos después.

De allí que consideremos que la postura actual del gobierno sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, y existen ya declaraciones oficiales y otros indicios de que podría intentarse repetir en el caso de Genaro García Luna –aunque sería muy difícil de pensar en un final político similar porque el caso es distinto y de diferente gravitación política entre ambos países-, es una postura correcta pero muy arriesgada por las inmensas fallas del sistema judicial mexicano. Pero ya se asumió el desafío. Y además buscar una mayor normatividad para la acción, manejo de información, intercambio y cooperación con los agentes de la inteligencia y seguridad de EUA en México, es igualmente correcta.

Regulación y controles legales lo más explícitos y sólidos posibles, más iniciativas para fortalecer la operación colegiada del Consejo de Seguridad Nacional, están en la ruta apropiada. Pero el tema mayor es una nueva Ley de Seguridad Nacional que posicione los servicios de inteligencia de Estado, civil, policial y militar en el contexto de las tendencias actuales, hacia una reconfiguración trascendente, luego de la tremenda experiencia de la anulación constitucional de la Ley de Seguridad Interior propuesta por el gobierno anterior, los casos de García Luna, el general Cienfuegos y las deficiencias exhibidas en la pandemia global, que se agregaron a las debilidades precedentes, particularmente, de la inteligencia civil y policial.

En otros países nos llevan la delantera, estamos rezagados y la inteligencia es fundamental y un insumo estratégico en un modelo de seguridad y combate al crimen transnacional como el que se ha planteado en México. Es urgente recomponer este vacío Presidente AMLO.