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Presidente AMLO, el ejército mexicano y la "guerra contra las drogas": la raíz del problema

Cienfuegos Zepeda.AP

Salvador Cienfuegos y la "guerra contra las drogas" de EU.

La detención con fines de acusación penal del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, no puede ser una gran noticia para nadie en México porque exhibe a un miembro destacado de una las instituciones frontera del Estado mexicano, pero sí lo es para la causa de la lucha sin cuartel contra la corrupción estructural, contra los pactos de impunidad y corrupción bajo los cuales funcionaron las instituciones nacionales desde décadas atrás. Aunque el problema fundamental, la raíz estructural de toda esta problemática de amplia exposición de los mejores hombres del ejército mexicano frente a las organizaciones transnacionales del crimen organizado, es la concepción de filosofía política llamada “guerra contra las drogas” importada desde EUA.

Lo anterior no significa que con el caso del general Cienfuegos se involucre a todo el ejército, de ninguna manera, sino que por el alto cargo que desempeñó y su trayectoria dentro de la institución militar, exhibe a un miembro que emerge desde las entrañas profundas de la institución. Durante la posguerra, se involucró al ejército mexicano por la vía de la relación política de subordinación de los gobiernos nacionales a los gobiernos de EUA en la guerra fría apoyada en la doctrina de contrainsurgencia, como piedra angular durante décadas de la relación de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono con los gobiernos de América Latina, que se convirtió en Doctrina de Seguridad Nacional de las dictaduras latinoamericanas y los gobiernos autoritarios y represivos tipo los mexicanos del PRI. 

En Colombia esta doctrina político-militar tuvo una aplicación profunda y prolongada por décadas en su versión modificada enfocada al combate contra el crimen transnacional en el llamado Plan Colombia, que con la misma doctrina contrainsurgente atacaba a la izquierda armada (FARC, ELN, M-16) y al crimen transnacional (los cárteles de la cocaína).

Durante el último año del gobierno de Felipe Calderón se establecieron las bases para transitar a un programa de contrainsurgencia en su versión completa (recordar la visita a Los Pinos del general David Petreus, ideólogo de la doctrina reformulada, director de la CIA y comandante de las tropas de ocupación en Irak y Afganistán, en enero de 2012, y luego la visita en pleno del Consejo Nacional de Seguridad de EUA a México un par de meses después) para proponer un Plan Colombia para México que sustituyera la “Iniciativa Mérida” ante el fracaso de la política de FCH a pesar de plegarse a la doctrina y estrategia de “guerra contra las drogas”, que por cierto, inicia con ese nombre en la región de Las Américas con la invasión a Panamá (“Operación Causa Justa”) durante el gobierno de Bush padre en 1989-90. La propuesta la toma el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto y le da una gran cobertura socio-política con La Cruzada Nacional contra el Hambre, lanzada con bombo y platillo en el municipio Las Margaritas, Chiapas, tierra de influencia del EZLN, como invitado el ex Presidente de Brasil, Luis Ignacio Da Silva, “Lula” y como secretaria de SEDESOL Rosario Robles. Duró dos años este experimento en México, nuevamente, un factor determinante fue la corrupción que desembocó en la “Estafa Maestra” aún en investigación.

La primera oferta de cooperación en materia de delincuencia organizada de Donald Trump Presidente de los EUA fue la misma: “Plan Colombia para México”, que obviamente fue rechazada y se implantó una concepción y estrategia basada en un “Programa de Paz y Seguridad” cuyo eje transversal estratégico son las políticas de bienestar social, no el único), resumida así.

Este largo rodeo fue necesario, porque en la base de la vieja doctrina de contrainsurgencia de EUA (desde la Escuela de las Américas, llamada, la “escuela de dictadores”) dirigida contra la izquierda continental inspirada en el marxismo, se aplicó al ejército mexicano, al igual que en la “guerra contra las drogas” en donde la participación de las fuerzas armadas mexicanas en materia de seguridad, fue pasando de un “apoyo subsidiario” en la lucha por restablecer la seguridad pública, al rol fundamental, tal y como lo era ya en la lucha por la seguridad interior contra el crimen transnacional organizado. 

La “guerra contra las drogas” como enfoque de filosofía política, no sólo enfatizaba el uso de las fuerzas armadas ante el rebasamiento de las policías preventivas (o de otro tipo) contra el crimen transnacional, la criminalización de la producción, distribución y consumo de estupefacientes ilícitos como un planteo científico debido a la afectación al organismo humano, sino también, el dominio ideológico y cultural de este enfoque (hegemonía política) al convertirlo en dominante y aceptado, bajo una visión en donde el problema central es jurídico-penal, represivo, más una geopolítica regional estratégica hacia los Estados y gobiernos del subcontinente latinoamericano por parte de EUA. Dicho sin estigmatización, como realidad objetiva. 

En esta relación de hegemonía-dominación (poder blando) los gobiernos de la Casa Blanca obtuvieron una influencia y hasta un dominio muy grande en los gobiernos latinoamericanos a través de sus políticas de seguridad, adicionando la ayuda financiera, militar, de capacitación contrainsurgente a miles y miles de policías y militares, armamento y equipos modernos, que fortaleció como nunca a sus empresas privadas dedicadas a ello con contratos multimillonarios pagados por ellos mismos (como Iniciativa Mérida).

Pretendiendo prolongar indefinidamente este perfil participativo, que daba el rol determinante al ejército y la marina en ambos combates (seguridad pública y seguridad interior con todo el soporte de EUA) se impulsó desde las fuerzas armadas la Ley de Seguridad Interior por el gobierno de EPN, rechazada por la Suprema Corte de Justicia de México. Pero hay un hecho grave ocurrido durante la responsabilidad del general Salvador Cienfuegos: el presunto fusilamiento de los secuestradores en la localidad de Tlataya, Estado de México, que si no se ha investigado a fondo, debiera hacerse por la FGR.

Esta concepción de “guerra contra las drogas” en su materialización armada, conlleva justamente la actuación discrecional de los cuerpos armados del Estado ante la actividad criminal de las organizaciones transnacionalmente organizados y con esa justificación, van generando en la cultura y percepción social una alta tolerancia a la arbitrariedad, la ilegalidad y los excesos, bajo el argumento explícito o implícito, de que “son criminales y hay que acabarlos”. No. Porque tenemos allí siempre un potencial y grave problema de respeto a los derechos humanos, en todos los países que siguieron esta nefasta doctrina, cada uno implementándola con particularidad, se han presentado las masacres, los cientos o miles de desparecidos, secuestrados, “las bajas colaterales” para decirlo pronto y bien.

Pero la otra “cara de la moneda” es la alta exposición de estos cuerpos armados del Estado y sus principales responsables (generales, almirantes, comandantes, etc.) a los métodos de penetración institucional del crimen transnacional organizado basados en la corrupción, la complicidad criminal y el dinero sucio cuantioso. Siempre cada persona toma sus opciones de vida y se hace responsable de ellas, correcto, pero existen los factores que potencian los riesgos, y esta concepción que ha impuesto EUA le ha dado un nivel altísimo de influencia sobre los gobiernos latinoamericanos, pero ha sido desastrosa para los cuerpos armados estatales y el propio Estrado, en todos los sentidos, particularmente en este: la corrupción de ingentes personajes en ellos, en la administración pública, en familias y en la empresa privada.

Aquí podemos apreciar el valor de una concepción opuesta del actual gobierno, de “paz y seguridad”, de bienestar social, de ataque multifacético a las causas más profundas del fenómeno de criminalidad extendida que están en la base estructural de la sociedad nacional, aún en despliegue aún, pero además, poco entendida y menos comprendida en todos los sectores.