El 2018 está ya en todas partes. La sucesión presidencial ha comenzado —en forma muy adelantada— a contaminar prácticamente todo. Está en el interés de las casas encuestadoras por medir a los aspirantes; en las estrategias de quienes buscan ser candidatos independientes… pero está presente, sobre todo y de manera ominosa, en los conflictos electorales.

La violencia política en las campañas de Veracruz y Tamaulipas es una muestra de que la elección presidencial puede convertirse en un mal parte aguas en la vida política del país.

Y es que las elecciones 2016 van a dejar un saldo negativo para todos. Para la reforma electoral y el modelo democrático recientemente aprobado, para los partidos y sus candidatos, pero de manera especial para la política de seguridad en contra de la delincuencia organizada.

Las disposiciones más sensibles de la ley electoral más prohibicionista de todos los tiempos son, paradójicamente, las más ultrajadas.

Me detengo simplemente en la selección de los candidatos. ¿De cuántas horas fue el debate en el Congreso para blindar los comicios contra candidatos que tuvieran antecedentes penales?

De horas y horas… y lo primero que vemos en el actual proceso electoral es la aparición de una serie de personajes acusados de ser lo mismo pederastas que defraudadores, evasores fiscales, de tener vínculos con la delincuencia organizada, de enriquecimiento ilícito y de muchos otros delitos tipificados como graves.

La política de seguridad contra el crimen organizado está a prueba en esta elección. Y lo está porque los hechos demuestran que el narcotráfico tiene el poder suficiente para influir en los resultados electorales y ha decidido cambiar de estrategia.

Hoy, al parecer, ya no le interesa asesinar candidatos, sino imponerlos. Y si hoy busca llevar políticos afines a las gubernaturas, ¿por qué no suponer que en 2018 intentará apoderarse de la Presidencia de la República?

No se trata de construir escenarios ficticios, sino de alertar contra una realidad que apenas comienza a mostrar su sombra y ante la cual las autoridades electorales más que prudentes parecen medrosas.

Hace algunos días, consejeros del Instituto Nacional Electoral declararon que en las elecciones locales que se van a llevar a cabo en 14 entidades no hay focos rojos sino focos de atención. ¿Qué necesita ocurrir para que la atención se considere emergencia?

El otro gran delito electoral cometido durante el actual proceso es contra la inteligencia de los mexicanos.

No hay un solo candidato de las 14 contiendas con capacidad de liderazgo. Campañas trilladas en su marketing, aburridas y redundantes, somníferos que contribuyen a agudizar el hartazgo del ciudadano por la política y los partidos.

El 2016 es de muchas formas la antesala de 2018. Y lo es sobre todo en materia de seguridad. ¿Qué medidas se están adoptando para que el dinero y el poder del narcotráfico no influyan, no penetren, no controlen la sucesión presidencial?

Si eso no es un foco rojo, entonces, ¿qué puede ser?

 

Beatriz Pagés

@PagesBeatriz