Plagada de acusaciones, señalamientos y denuncias, la campaña del priista Enrique Peña Nieto se dirige rayando en lo inexorable a una victoria carente de legitimidad y sorpresa.
Lo anterior, despertará las eternas críticas contra la izquierda: que no sabe perder; que no reconoce autoridad alguna distinta a ella; que ignora la y esquiva la importancia de las instituciones.
Ni hablar. La imperante, ilícita y descarada inequidad en el proceso electoral ha tornado el desenlace y final del mismo en un inevitable conflicto postelectoral.
Sin embargo, convencido por las últimas declaraciones de integrantes del equipo de la abanderada blanquiazul, Josefina Vázquez Mota, y destacados miembros de Acción Nacional, aseguro que en esta ocasión se sumarán los panistas a las protestas venideras contra el muy probable triunfo del PRI el primero de julio.
Razones no faltan. La ciudadanía ha sido testigo del derroche de recursos en publicidad a favor del candidato del revolucionario Institucional, y de la cínica parcialidad con la que se han manejado la mayoría de los medios de comunicación masiva a favor del mismo aspirante;
Y el giro.
Peor aún, no me cabe la menor duda que en caso de que el PAN –o incluso el PRD – saliera victorioso en los comicios federales, el partido tricolor emprendería una lucha legal con el objetivo de que se anulase la elección. Argumentos ya los tienen. Con el tema de la Guerra Sucia y la injerencia de Calderón en el proceso electoral ya cuentan con una base jurídica.
En conclusión, pareciera ser que, insisto, pase lo que pase este primero de julio, habrá conflicto postelectoral. No serán los partidos, ni la clase política ni los ciudadanos, los culpables. La culpa la tendrán las pusilánimes, cobardes, negligentes e incompetentes instituciones encargadas de la democracia en el país.