En México, como en muchas otras partes del mundo, ha venido en aumento de manera inusitada, la violencia en contra de las mujeres bajo distintas modalidades y espacios de desarrollo humano, de tal suerte que se pueden identificar como violencia familiar, sexual, laboral, institucional, por mencionar algunas. Este escenario sitúa un conflicto mayor, descrito por el silogismo de existe mayor probabilidad de violencia contra la mujer en comparación con el hombre, luego entonces, si eres mujer, eres propensa a ser violentada. Dicha construcción lógica se sostiene con evidencia como la generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres.

Los números que arroja dicho sistema sobre la prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida es de 66.1 a nivel nacional y de 79.8 para el caso de la Ciudad de México, dicha información corresponde a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2016; esta estadística revela una realidad; por lo que el trabajo de los gobiernos, tanto federal como locales, debe estar dirigido hacia el objetivo de lograr la vida plena y el ejercicio de derechos fundamentales, independientemente del género de la persona. Sumado a esto, las acciones de gobierno deben orientarse desde una perspectiva de género, en que las acciones afirmativas para beneficio de las mujeres (al encontrarse probabilísticamente bajo vulnerabilidad) tengan el mayor compromiso y la voluntad política para realizarse.

Es en este escenario de complejidad que surgen los Centros de Justicia para Mujeres a nivel nacional, que, para el caso de la Ciudad de México, es una política pública para garantizar que las mujeres víctimas de la violencia accedan a servicios especializados de asesoría, atención jurídica, psicológica, etc.  Esta política pública es un ejemplo de acción afirmativa para lograr que las mujeres víctimas de la violencia puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia; así como dar respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de atención y protección desde la perspectiva de género y de atención integral a la niñez, así como de derechos humanos.

En la capital mexicana, el proyecto ha significado el involucramiento del Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de  Bienestar e Inclusión Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Social, y desde luego con el acompañamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que como coordinadora del proyecto y, bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos, ha logrado articular enormes esfuerzos conjuntos.

Actualmente, están en funcionamiento tres Centros de Justicia para Mujeres, ubicados en las Alcaldías de Azcapotzalco e Iztapalapa, sumados al recién inaugurado, el 20 de marzo de 2019, en Tlalpan. El trabajo de la Procuraduría para mejorar los resultados y el impacto de esta política pública ha sido originado por un cambio de paradigma para revertir el estado actual de violencia contra las mujeres, colocando como eje un enfoque diferencial e integral. Este centro es el número 44 a nivel nacional, en 27 entidades federativas.

El impacto de una política pública con una misión apegada a la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia, tendrá éxito en la medida en que logre representar una salida eficaz al entorno de violencia en el que, muchas mujeres, se desenvuelven cotidianamente; por esta razón es menester de la Procuraduría General de Justicia seguir apostando por acciones afirmativas como esta, para alcanzar los niveles de bienestar que todos deseamos.